Política
Milei avanza con auditoría: las irregularidades en la UBA
El Gobierno de Javier Milei sostiene que hay pruebas contundentes de irregularidades en contratos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con organismos estatales durante la gestión de Alberto Fernández. Pero, ¿cuáles son los puntos clave de esta investigación y por qué la universidad se niega a ser auditada?
Una auditoría frenada por la Justicia
La Sindictura General de la Nación (SIGEN), dirigida por Miguel Blanco, revisó los acuerdos que la UBA firmó con ministerios y empresas estatales. Sin embargo, la Justicia en lo Contencioso Administrativo impide al Gobierno auditar los gastos de la universidad.
Uno de los contratos cuestionados fue firmado en 2023 entre Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Este convenio, por el cual la universidad recibió $58.529.618, tenía como objetivo colaborar con la auditoría interna de SOFSE. No obstante, la SIGEN determinó que no hay pruebas concretas de que el trabajo haya sido realizado.
Las irregularidades detectadas
El informe de la SIGEN expone varias inconsistencias:
-
SOFSE ya contaba con su propia Unidad de Auditoría Interna con 11 agentes, por lo que la contratación externa resultaba innecesaria.
-
No hay registros sobre qué personas participaron en la auditoría ni sus antecedentes profesionales.
-
No se encontró un plan de trabajo que detalle las tareas ejecutadas.
-
Las responsabilidades pactadas, como análisis de documentación e identificación de riesgos, no cuentan con evidencia de cumplimiento.
-
Las actividades reportadas por la UBA son prácticamente idénticas a las del plan de la Unidad de Auditoría Interna de SOFSE.
La SIGEN señala que no se puede determinar qué ejecutó la UBA y qué hizo SOFSE, ya que los cronogramas de tareas son iguales. Además, la falta de justificación sobre el trabajo realizado pone en duda la validez del pago recibido por la universidad.
La UBA y su rechazo a la auditoría
Ante el avance del Gobierno, la UBA presentó un recurso judicial para impedir la auditoría de la SIGEN. Argumenta que el control de sus gastos corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que responde a sectores aliados a la universidad.
Uno de los puntos más sensibles del informe de la SIGEN indica que la UBA no rindió cuentas del 89% de los fondos recibidos entre 2020 y 2022, equivalentes a $8000 millones. A esto se suman otros $500 millones destinados a infraestructura entre 2015 y 2019 sin justificación documentada.
El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y la UBA sigue abierto. Mientras la SIGEN insiste en avanzar con la auditoría, la universidad busca frenar la revisión de sus cuentas. ¿Qué revelaciones podrían surgir si la investigación sigue adelante?