Acusan a juez argentino en EE.UU. por presunta violación de derechos humanos

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Federico López Alzogaray, ha sido denunciado por el Comité de Derechos Humanos del Instituto Interamericano para la Democracia (IID) en los Estados Unidos. La denuncia señala graves violaciones a los derechos humanos contra un campesino, Manuel Asencio Ardiles, quien, según la investigación, fue despojado de sus tierras y obligado a abandonar su propiedad.

El comité tiene planeado viajar a Argentina para presentar un informe a las autoridades judiciales locales y exponer las irregularidades encontradas en el caso, que ya ha sido reportado en la prensa estadounidense.

De acuerdo con la investigación, López Alzogaray habría utilizado su posición de autoridad para presentar una demanda y obtener una medida cautelar que obligó a Ardiles a dejar su tierra. Armando Valladares, presidente del IID y ex embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, afirmó que el proceso incluyó una visita a la zona, entrevistas con testigos y un análisis de documentos legales: “Tras una extensa investigación, confirmamos las violaciones a los derechos humanos de esta familia en Argentina”, sostuvo.

Tanto Valladares como otros miembros del IID, entre ellos Marcel Feraud y Norberto Spangaro, tienen previsto reunirse con funcionarios argentinos para entregar el informe y exigir una investigación completa, ya que consideran que López Alzogaray ha violado varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Lo más grave es que estos hechos ocurrieron bajo una fachada de legalidad, utilizando el sistema judicial para violar los derechos de un campesino”, afirmó Feraud, secretario del IID, en una conferencia de prensa en Estados Unidos.

El 19 de enero de 2023, el Comité visitó a Manuel Asencio Ardiles y a su familia en una pequeña localidad de Forres, en Santiago del Estero. Dado que Ardiles se encontraba gravemente enfermo, la reunión se llevó a cabo con su esposa y su abogado, Juan Parra. La familia vivía en una situación de extrema pobreza, sin medios económicos ni acceso a medicamentos.

En el informe, el IID destacó que Ardiles, “quien anteriormente era un hombre vital y trabajador agrícola, estaba postrado en su cama debido a la pérdida de sus tierras”. Lamentablemente, Manuel Ardiles falleció el 23 de enero de ese año, pocos días después de la visita del Comité.

La esposa de Ardiles denunció que fueron hostigados y amenazados por empleados de López Alzogaray, y relató que el desalojo fue llevado a cabo con brutalidad, involucrando a más de un centenar de policías. La familia no pudo llevarse sus pertenencias ni siquiera animales de subsistencia, lo que derivó en la muerte de los mismos por falta de alimentos.

Los representantes del IID informaron a las autoridades tanto en Santiago del Estero como en Buenos Aires sobre el caso. En Santiago del Estero, se reunieron con el vicegobernador Carlos Silva Neder y con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’ Mill, quienes recibieron la denuncia. También se entrevistaron con Eduardo José Ramón Llugdar, vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia de Santiago del Estero, quien señaló que López Alzogaray no estaba disponible debido a sus vacaciones.

En Buenos Aires, el Comité se reunió con Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, quien se comprometió a revisar el caso y tomar las medidas pertinentes.

El expediente judicial incluye una demanda de "reivindicación de dominio" presentada por López Alzogaray contra Manuel Ardiles, en la que el juez reclamaba ser el legítimo propietario de las tierras basándose en un título de 1803. Sin embargo, la defensa de Ardiles presentó como excepción la prescripción adquisitiva del dominio, que fue ignorada en el fallo judicial, lo que desencadenó su desalojo.

El informe del IID concluye que el proceso estuvo plagado de irregularidades, destacando que el juez López Alzogaray ostenta una posición de poder que genera un conflicto de intereses evidente, y que el campesino Manuel Ardiles fue injustamente despojado de su tierra.