Kirchnerismo y la doble vara: el repudio selectivo frente a senadores con causas judiciales

El kirchnerismo continúa dando que hablar dentro del Congreso, especialmente en lo que respecta a su accionar frente a las causas judiciales que involucran a varios de sus propios senadores. El reciente ataque a Edgardo Kueider, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pone en evidencia la doble moral dentro de la bancada oficialista. Mientras algunos son objeto de una fuerte presión interna para su expulsión, otros siguen gozando de protección, a pesar de enfrentarse a cargos igualmente graves.

Este repudio selectivo no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia que responde más a los intereses políticos internos que a un verdadero compromiso con la lucha contra la corrupción. La expulsión de Kueider, por ejemplo, parece estar más vinculada a su distanciamiento del núcleo duro kirchnerista que a la gravedad de las acusaciones en su contra. Sin embargo, el kirchnerismo muestra una actitud diferente cuando se trata de otros miembros de su bloque que también están bajo investigación judicial por delitos similares.

Es conocido que dentro de la bancada del Frente de Todos existen varios senadores que enfrentan causas judiciales por diversos delitos, tales como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y, en algunos casos, enriquecimiento ilícito. Entre ellos, destacan figuras como Eduardo Enrique De Pedro, quien tiene múltiples denuncias por defraudación y malversación de caudales públicos; Anabel Fernández Sagasti, Gerardo Montenegro, Oscar Parrilli y Mariano Recalde, todos ellos imputados por abusos de autoridad y violación de deberes funcionales. Esta lista incluye además a figuras como la propia Juliana Di Tullio y Sergio Leavy, cuyas causas por abuso de poder continúan siendo una sombra sobre su carrera política.

Un caso emblemático es el de Carlos Alberto Linares, acusado de una serie de delitos que incluyen defraudación contra la administración pública y enriquecimiento ilícito. Este tipo de investigaciones pone en evidencia el grado de impunidad dentro del sector kirchnerista, que prefiere guardar silencio y evitar las sanciones a sus propios miembros, mientras se lanza a la caza de aquellos que, por diversos motivos, se apartan del poder centralizado en Cristina Fernández de Kirchner.

Lo cierto es que, si el kirchnerismo realmente estuviera comprometido con la transparencia, debería aplicar los mismos estándares de expulsión y sanción para todos sus miembros investigados. Sin embargo, es evidente que las decisiones en este sentido están más relacionadas con los juegos de poder internos que con un interés real por la justicia. Mientras el kirchnerismo acusa a la oposición de corrupción, oculta en sus filas a una serie de senadores que, según las causas judiciales en su contra, podrían tener mucho que explicar.

El caso de Kueider resalta la hipocresía que caracteriza la política kirchnerista. En lugar de aplicar una limpieza interna que involucre a todos los implicados en hechos de corrupción, el kirchnerismo se dedica a apuntalar a sus allegados, haciendo de la justicia un instrumento político de conveniencia.

En resumen, la justicia y la moralidad parecen ser lo de menos para quienes gobiernan bajo la órbita del kirchnerismo. Lo que realmente está en juego es el mantenimiento del poder y el control dentro del bloque, incluso si para ello deben dejar que ciertos senadores continúen bajo la lupa judicial.