Política
PRO propone derogar Ley de Etiquetado Frontal por "paternalista" y "confusa"
La Ley de Etiquetado Frontal, vigente desde 2022, enfrenta un proyecto de derogación impulsado por los diputados del PRO Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero. Según argumentan, la normativa es "paternalista", "confusa" y no cumple con su propósito de informar al consumidor.
La propuesta elimina tanto la Ley N° 27.642 como decretos asociados. Los legisladores aseguran que el Código Alimentario Argentino ya regula la información alimentaria de manera suficiente, evitando duplicidades y simplificando el marco legal.
CHAU A LOS OCTÓGONOS ?. Con @daianamol proponemos eliminar la Ley de Etiquetado Frontal, que no ha servido más que para confundir consumidores y entorpecer el comercio internacional de productos argentinos. pic.twitter.com/4Mjp8ttsj4
— Alejandro Bongiovanni (@alejobongio) November 19, 2024
Críticas a los octógonos negros
Los diputados cuestionan las etiquetas negras que advierten sobre excesos de azúcares, sodio y grasas. Según Fernández Molero, estas pierden efectividad si aparecen en la mayoría de los productos, mientras que Bongiovanni calificó la ley como "alarmista" y "ridícula".
Además, destacan el impacto económico de la norma, argumentando que dificulta la exportación de alimentos locales debido a diferencias con estándares internacionales, afectando la competitividad del país en mercados globales.
Reconocimientos y contexto regional
La ley fue elogiada por organismos como la OPS, que la considera una herramienta efectiva contra enfermedades relacionadas con la mala alimentación. En países como Chile y México, sistemas similares han reducido el consumo de alimentos poco saludables.
En Argentina, donde el sobrepeso afecta al 70% de los adultos y al 40% de los niños, las etiquetas frontales buscan mitigar los efectos de una mala dieta. Las enfermedades crónicas vinculadas a la alimentación generan 140.000 muertes anuales.
Debate en el Congreso y el futuro
El proyecto del PRO abre un debate sobre el equilibrio entre promover hábitos saludables y evitar regulaciones que, según sus detractores, afectan a la economía. En caso de derogarse, quedará en manos del Congreso definir alternativas efectivas para proteger la salud pública.