Política
Milei sacó a todos los ñoquis de Asociación de Concesionarios de Automotores
El Gobierno de Javier Milei anunció el fin de un entramado de contrataciones irregulares que involucraba a más de 2.400 ñoquis, financiados por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA). Este esquema, vigente durante décadas, impactaba en diferentes áreas del Ministerio de Justicia y representaba una de las tantas "cajas" que Milei busca eliminar.
Contratos irregulares y curros de larga data
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que estas contrataciones operaban al margen del SINEP, el sistema nacional que regula el empleo público. De los más de 2.400 empleados, alrededor de 400 trabajaban en la Dirección Nacional de Registros del Automotor (DNRPA), mientras que el resto estaba disperso en distintas dependencias del Ministerio, incluyendo tareas de limpieza. Lo insólito: los sueldos eran cubiertos por ACARA, una entidad vinculada al sector automotor.
Adorni describió el sistema como "contrataciones espurias" que funcionaron por casi dos décadas. En ese tiempo, las irregularidades se normalizaron, convirtiéndose en una estructura que perjudicó tanto al Estado como a los contribuyentes.
Una salida tensa: paros y retiro voluntario
El proceso de reordenamiento comenzó hace más de un mes, con la propuesta de un retiro voluntario para los empleados de la DNRPA. Este incluía hasta 18 cuotas equivalentes al salario, pero la mayoría de los trabajadores rechazó la oferta debido a su antigüedad. Esto desató un conflicto liderado por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), con un paro que paralizó áreas claves, como la confección de certificados para la importación de autos. La consecuencia: 15.000 expedientes de vehículos importados quedaron varados por dos semanas.
El Gobierno advirtió que tomaría acciones legales si las protestas continuaban. Paralelamente, extendió el plazo del retiro voluntario hasta el 5 de diciembre, logrando que la mayoría de los 400 empleados aceptaran. “ACARA no tenía fondos para cubrir indemnizaciones y, de no aceptar, enfrentarían juicios contra el Estado que podrían durar diez años”, comentó una fuente del Ministerio.
Sobresueldos y fin del gasto injustificado
Otro punto controvertido fueron los llamados “sobresueldos de ACARA”. Por años, empleados del Ministerio recibieron incentivos financiados por la entidad, destinados originalmente a capacitaciones que nunca se concretaron. El costo anual de estos sobresueldos ascendía a 15.600 millones de pesos. “Como muchas cosas en el Estado, se desvirtuó y terminó siendo parte del salario”, criticó Adorni.
El ministro de Justicia, Mariano Cúñeo Libarona, también destacó otras medidas de austeridad. Por ejemplo, la eliminación del monopolio que la UTA (Unión Tranviarios Automotor) mantenía sobre las capacitaciones para licencias de conducir, una caja política que costaba 11 mil millones anuales desde 2019.
¿Qué sigue ahora?
El Gobierno anunció que, tras normalizar la situación, evaluará las necesidades de personal y recontratará según los términos legales. Mientras tanto, Milei reafirma su compromiso de "eliminar las cajas de la política" y acabar con los negocios que beneficiaron a unos pocos. "En esta nueva Argentina, no hay lugar para privilegios ni estructuras corruptas", sentenció Cúñeo Libarona.
Con estas acciones, Javier Milei busca consolidar su imagen de reforma y transparencia, poniendo fin a estructuras que durante décadas drenaron recursos del Estado. La decisión deja un mensaje claro: los privilegios heredados no tienen cabida en su gestión.