En los tribunales porteños se avecina un juicio que podría marcar un antes y un después en la lucha contra las prácticas extorsivas en el ámbito sindical. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 fijó para los próximos 5 y 12 de junio las audiencias del juicio contra Omar Pérez, un dirigente cercano a Hugo Moyano, y otros cuatro miembros del Sindicato de Camioneros. Están imputados por tentativa de extorsión tras el bloqueo a la pyme Andar Transportadora en 2020.
El caso, que comenzó como una investigación por coacción, escaló en gravedad cuando la Justicia lo recaratuló como extorsión. Según el empresario Alejandro Castell, dueño de Andar Transportadora, los sindicalistas exigieron pagos injustificados bajo amenaza. Durante el bloqueo en el depósito de la empresa, ubicado en Villa Soldati, Castell relató haber sido insultado y agredido por los manifestantes.
Entre los acusados también figuran Omar Dutrá, secretario de Logística de Camioneros; Diego Coria, Jorge Aguirre y Matías Paz. Todos ellos participaron en un operativo que, según la fiscalía, buscaba forzar el pago de una deuda inexistente con el sindicato.
El testimonio de Castell, respaldado por grabaciones y mensajes de WhatsApp, fue clave para exponer cómo operaban los sindicalistas. Castell narró cómo Omar Pérez le propuso "arreglar" la situación en una reunión en la sede del sindicato. En esa ocasión, Castell fue recibido con la frase: “¿Por qué te hacés el rebelde y no pagás?”. La negativa del empresario derivó en inspecciones fiscales exhaustivas que, aunque no hallaron irregularidades, demostraron el alcance de las presiones.
La figura de Omar Pérez no es menor. Secretario de Políticas de Transporte en Camioneros y referente en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), su posible condena podría impactar en la estructura moyanista. Incluso había sido mencionado como un eventual sucesor de Pablo Moyano en la CGT.
Para el fiscal, el bloqueo no fue un reclamo gremial legítimo, sino un acto deliberado para coaccionar a una pequeña empresa en expansión. En agosto de 2022, el juez Fernando Caunedo elevó el caso a juicio, destacando la gravedad de los hechos y la falta de pruebas que respaldaran las demandas del sindicato.
Aunque no está imputado en este juicio, el liderazgo de Hugo Moyano queda nuevamente bajo escrutinio. Los testimonios y las pruebas apuntan a una estructura gremial que utiliza el bloqueo como herramienta de negociación, dejando entrever una problemática que afecta a numerosas pymes.
El desenlace de este juicio podría establecer un precedente importante en la relación entre los sindicatos y las empresas. Para las pymes como Andar Transportadora, el fallo significará una señal clara sobre los límites de la acción sindical. En paralelo, también podría abrir el debate sobre la regulación de los gremios en el país.
A medida que se acerque la fecha del juicio, todas las miradas estarán puestas en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3, que definirá si la balanza de la Justicia se inclina hacia los empresarios que denuncian abuso o hacia los gremialistas que defienden sus reclamos. Una resolución que, sin duda, dejará huella en el escenario político y sindical argentino.
