La reciente aprobación de la Ordenanza Fiscal 2025 en Carlos Casares ha encendido el debate sobre la aplicación de la controvertida tasa por seguridad e higiene. En una entrevista con Alejandro Cánepa por Radio Continental, Andrea Passerini, coordinadora de Lechería de Confederaciones Rurales Argentinas, denunció el impacto de esta medida fiscal sobre los productores rurales y planteó dudas sobre su constitucionalidad.
“El viernes por la noche, el Concejo Deliberante, mayoritariamente oficialista, aprobó aumentos fiscales que superan el 120%, es decir, cuatro veces la inflación proyectada para 2025”, afirmó Passerini. Esta cifra desmesurada, según la dirigente, afecta directamente a los productores locales, quienes ya enfrentan rentabilidades mínimas debido a las condiciones del sector.
Uno de los puntos más controvertidos es el cambio en la denominación de la tasa por seguridad e higiene, que ahora se presenta como "Tasa de Servicios para Actividades Productivas". Sin embargo, según Passerini, el contenido sigue siendo el mismo: “Incluye dos ítems: higiene y seguridad, y una supuesta seguridad urbana y rural. Todo esto se aplica incluso por ordeñar en el medio del campo”.
“Hace un tiempo hice un juicio al municipio por esta tasa y me tuvieron que devolver el dinero. Ahora simplemente le cambiaron el nombre”, denunció. Para muchos productores, esta medida constituye un golpe más a un sector ya debilitado. La coordinadora también aseguró que está evaluando emprender nuevas acciones legales o solicitar una reunión con el intendente para exigir explicaciones.
La situación en Carlos Casares no es un caso aislado. Passerini señaló que localidades vecinas, como Pehuajó y Henderson, también han implementado aumentos significativos en sus tasas, llegando hasta el 200%. Este contexto plantea una pregunta clave: ¿Es la tasa por seguridad e higiene una medida constitucional o un mecanismo de presión fiscal excesivo?
Para los productores rurales, el impacto va más allá de lo económico. Según Passerini, la falta de justificación para estos cobros en zonas rurales, donde los servicios municipales son escasos o inexistentes, convierte a esta tasa en una carga injusta. “Nos tildan de mentirosos, pero la realidad es que están saqueando a quienes trabajamos”, concluyó.
Mientras los productores esperan definiciones, la discusión sobre la legitimidad de la tasa por seguridad e higiene sigue abierta. ¿Podrán las acciones legales revertir esta situación? ¿O será necesaria una mayor presión política para lograr cambios significativos? La respuesta, como siempre, dependerá de la capacidad de los sectores afectados para hacerse escuchar.
