Algo cambió en Pilar desde el 1° de diciembre, pero no se ve en el ticket. No figura como un impuesto nuevo ni aparece detallado en la compra diaria. Sin embargo, está ahí. Y puede explicar por qué llenar el changuito cuesta más. ¿De qué se trata y cómo impacta en tu bolsillo? Acá te lo explicamos, fácil y al grano.
La modificación de la Tasa de Derecho Ambiental comenzó a regir este mes y alcanza a supermercados, hipermercados, shoppings, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas. El cambio fue aprobado mediante la Ordenanza Fiscal e Impositiva N°112/25 y dejó atrás el sistema de monto fijo.
Desde ahora, el cobro se hace con un impuesto del 2% sobre cada operación realizada dentro del distrito. Es decir, cada venta paga esa alícuota. Las empresas tuvieron tiempo hasta el 15 de diciembre para adaptar sus sistemas, un plazo que generó preocupación por las dificultades técnicas y operativas.
El economista Roberto Cachanosky fue claro al analizar la medida: afirmó que se trata de “un costo oculto para las familias”. Según explicó, la lógica del intendente Federico Achával es recaudar pequeñas sumas de muchas personas, lo suficiente para aumentar ingresos sin generar una reacción inmediata.
De acuerdo a su estimación, si ese 2% se traslada a precios, una familia tipo podría pagar hasta $14.000 más por mes. El problema es que el consumidor no ve el cargo discriminado, pero lo termina pagando igual. “Aunque no esté en el ticket, el sobrecosto está”, advirtió.
Cachanosky también sostuvo que este tipo de tributos fortalecen un modelo recaudatorio municipal que termina afectando al consumo y a la actividad económica. Para explicarlo, citó a Alberdi: “El peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del fisco”.
La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) envió una carta a la Secretaría de Hacienda local para pedir una reunión urgente. Su director ejecutivo, Juan Vasco Martínez, alertó que la tasa genera “graves perjuicios” y remarcó que no hubo tiempo ni reglas claras para implementarla.
El punto más cuestionado es que el 2% se aplica sobre cualquier importe, sin mínimo no imponible. Cada producto vendido queda alcanzado.
Desde el sector mayorista, Cadam expresó su “profunda preocupación y rechazo”. Advirtieron que el impacto en precios será inmediato, justo en diciembre, cuando el consumo suele aumentar.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios también cuestionó la medida y la calificó como “desmesurada”. Señaló que la presión fiscal municipal vuelve inviables muchas actividades.
El tema escaló a nivel nacional cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, criticó públicamente la decisión y llamó a visibilizar el impacto sobre la gente y la industria.
