El Gobierno reveló más de 2500 contratos vigentes entre el Estado y universidades, utilizados para distintos servicios, como auditorías e investigaciones de mercado. Estos convenios no son auditados y permiten a las universidades gestionar fondos sin control directo.
Entre los convenios más altos está el firmado por Enarsa y la Universidad de La Plata para inspeccionar las represas Kirchner y Cepernic, por un valor anual de US$10 millones. También, la Facultad de Económicas de la UBA firmó un acuerdo para monitorear ingresos y egresos de estas obras en el sur.
Además de los contratos de auditoría y asesoramiento técnico, algunas universidades brindan servicios de call center para Nación Servicios y hasta para la Operadora Ferroviaria. Según cifras oficiales, la Universidad de San Martín lidera en convenios de atención al cliente, con un monto de US$3,3 millones.
El sistema permite a las universidades elegir quiénes trabajan en estos proyectos, gestionando fondos de organismos públicos con escasa fiscalización. Este financiamiento paralelo ha consolidado su peso en el sector académico y despierta dudas sobre la eficiencia del uso de fondos estatales.
Empresas como AySA y Casa de Moneda también contratan servicios específicos con universidades para proyectos internos. En 2023, la Universidad de San Martín brindó asistencia en temas laborales para AySA, mientras que la UTN lidera en acuerdos de digitalización de documentos.
Con un gasto multimillonario en pesos y dólares, el actual Gobierno busca claridad en estos contratos. Desde la Sindicatura General de la Nación se analiza la información, mientras organismos y empresas estatales revisan los servicios en curso, evaluando la continuidad y el uso de estos fondos públicos.
