La política tiene una característica que la distingue de cualquier otra actividad: cuando una norma está mal diseñada, la realidad termina pasándole factura. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires con la aplicación de la Ley Provincial N° 14.798 impulsada por la administración de Axel Kicillof.
Lo que en los papeles aparece como una regulación vinculada a la seguridad acuática, en la práctica se convirtió en un nuevo golpe al bolsillo de miles de bonaerenses que ya vienen soportando una presión económica asfixiante.
La disposición establece la presencia obligatoria de guardavidas habilitados en todas las piletas de uso común. No importa si se trata de un complejo turístico con cientos de usuarios o de un pequeño edificio familiar con una piscina de dimensiones reducidas.
La ley no distingue escalas, capacidades ni niveles de riesgo.
Ese detalle, que para cualquier observador razonable debería ser central, quedó completamente afuera de la reglamentación.
El resultado ya comenzó a verse en distintos puntos del territorio bonaerense. Desde La Plata hasta localidades del Conurbano, administradores y consorcios enfrentan un escenario que califican como inviable.
La consecuencia es simple: o se pagan costos cada vez más elevados o directamente se clausuran los espacios recreativos.
Detrás de cada expediente hay una historia concreta.
Hay edificios que cuentan con pequeñas piscinas construidas hace años como un servicio complementario para sus residentes. Muchas de ellas apenas alcanzan algunos metros de largo y son utilizadas por pocas familias durante el verano.
Sin embargo, la normativa las coloca en el mismo nivel de exigencia que establecimientos de gran capacidad.
El Estado exige exactamente lo mismo para realidades completamente distintas.
La crítica principal del sector apunta precisamente a esa falta de proporcionalidad.
Sebastián Libano, dirigente de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata, fue contundente al describir la situación.
"Se está haciendo imposible cumplir la reglamentación económicamente", advirtió.
El dirigente además expuso uno de los aspectos más cuestionados del esquema vigente.
"No diferencia entre una pileta de natación y una de lona. Si es de uso común tiene que tener bañero", señaló.
La exigencia contempla jornadas mínimas de seis horas diarias durante al menos 150 días consecutivos.
Eso implica que muchos consorcios deben contratar más de un profesional para cubrir la totalidad de los horarios de funcionamiento.
Pero el gasto no termina ahí.
A los salarios se suman aportes previsionales, seguros, indumentaria reglamentaria y equipamiento obligatorio.
Botiquines, tablas espinales y desfibriladores automáticos forman parte de una lista de requisitos que multiplican los costos.
Las expensas terminan absorbiendo el peso de una decisión tomada desde los escritorios de la política.
En el mundo de los administradores ya circula una expresión que resume el impacto de la normativa.
Las llaman "piletas muertas".
No se trata de una metáfora exagerada.
Son espacios que continúan existiendo físicamente, aparecen en los planos municipales y siguen figurando en los avisos inmobiliarios, pero dejaron de utilizarse.
La carga económica terminó expulsando a los vecinos de un servicio que ya habían pagado con sus propios recursos.
La explicación la brindó Ariel Coppari, presidente de la Cámara de Administradores.
"Los administradores plantean el tema, no les aprueban el gasto y optan por cerrar la pileta. Algunos la cierran y otros directamente la llenan de tierra. No las pueden mantener".
La imagen es poderosa.
Mientras el Gobierno provincial habla de inclusión y derechos, propietarios e inquilinos observan cómo desaparecen espacios comunes por una regulación incapaz de contemplar diferencias elementales.
La situación también abre interrogantes jurídicos.
Quienes deciden mantener abiertas las instalaciones sin cumplir los requisitos quedan expuestos a sanciones económicas y posibles responsabilidades civiles.
Quienes cumplen la norma deben trasladar los costos a las expensas.
La administración provincial colocó a los consorcios frente a una trampa sin salida.
Coppari volvió a insistir sobre un punto que parece de sentido común.
"Tendrían que haber dado una definición por tamaño. Hay edificios que tienen piletas de 2 por 2 y tienen que poner un bañero".
La observación revela el núcleo del problema.
No se discute la seguridad.
Lo que está en debate es la racionalidad de una regulación que aplica criterios uniformes a situaciones completamente distintas.
En cualquier economía que pretenda crecer, las normas suelen orientarse a facilitar actividades y reducir obstáculos innecesarios.
En la provincia gobernada por Axel Kicillof, la lógica parece recorrer el camino inverso.
Más burocracia.
Más costos.
Más cargas.
Menos servicios.
Menos incentivos.
Menos sentido común.
Mientras se acerca una nueva temporada de verano, crece la preocupación entre administradores y propietarios.
Los reclamos para modificar la legislación comienzan a multiplicarse.
Hasta ahora no existe una señal concreta de revisión por parte de las autoridades provinciales.
La pregunta ya no es cuántas piletas deberán contratar guardavidas.
La verdadera incógnita es cuántas seguirán abiertas cuando llegue el próximo calor.
Lo que tenés que saber sobre la polémica ley de piletas
• La Ley Provincial N° 14.798 exige guardavidas en todas las piletas de uso común.
• No distingue tamaño, capacidad ni características de las instalaciones.
• Los costos incluyen salarios, aportes, seguros y equipamiento obligatorio.
• Administradores denuncian que muchas expensas se volvieron impagables.
• Crece el fenómeno de las denominadas "piletas muertas".
• Consorcios optan por cerrar instalaciones antes que afrontar los gastos.
• El sector reclama una modificación urgente de la normativa.
