Arrancó otra vez la rosca política en la Casa Rosada, pero esta vez con una cuenta regresiva silenciosa. Puertas adentro del Gobierno saben que el margen es chico y que cada movimiento puede definir si la reforma laboral avanza o vuelve a quedar trabada. Lo que se habló en Balcarce 50 no fue una reunión más: fue el primer intento serio de ordenar el tablero antes de salir a buscar votos.

Después del receso, el oficialismo reactivó su mesa política con un objetivo claro: diseñar la estrategia para empujar la reforma en el Congreso, donde el escenario sigue siendo complejo. Hay resistencias, reclamos de las provincias y una aritmética legislativa muy ajustada. En ese contexto, el Gobierno necesita mostrar cohesión interna antes de sentarse a negociar con gobernadores y bloques aliados.

El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reunió a figuras clave del oficialismo con peso político y económico. Aunque Javier Milei no participó, su agenda estuvo presente en cada discusión. La consigna fue una sola: hasta dónde se puede ceder sin romper el corazón del proyecto.

En la mesa se sentaron Patricia Bullrich, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem y Santiago Caputo. Todos cumplen un rol central en la relación con el Congreso y las provincias. La idea fue alinear posiciones internas y definir una hoja de ruta común antes de avanzar con las negociaciones formales.

Uno de los puntos más sensibles fue el conteo de votos. El oficialismo analizó qué apoyos tiene hoy y qué concesiones serían necesarias para ampliarlos. La postura de los gobernadores ocupó buena parte del debate. Si bien varios se muestran dispuestos a dialogar, hay reparos concretos sobre artículos que podrían afectar la recaudación y la coparticipación, un tema clave para las provincias.

Desde el Gobierno repiten que el espíritu de la reforma laboral no se negocia, pero admiten que hay margen para ajustes puntuales. Diego Santilli, que viene manteniendo contacto con mandatarios provinciales, presentó un balance claro: todavía hay diferencias importantes y el tiempo juega en contra.

También hubo señales de tensión interna. Algunos funcionarios se retiraron antes de que termine la reunión, un gesto que dejó expuestas las diferencias sobre cómo equilibrar política y economía. De un lado, el sector más pragmático cree que lo importante es convertir la reforma en ley, incluso aceptando cambios limitados. Del otro, el ala económica teme que demasiadas concesiones diluyan el impacto del proyecto.

Pese a todo, el oficialismo mantiene como fecha tentativa el 11 de febrero para llevar la iniciativa al recinto del Senado. El cronograma sigue abierto y dependerá del resultado de las negociaciones que se vienen. Lo que quedó claro tras la reunión es que el Gobierno entró en una etapa decisiva: cada voto cuenta, cada gesto se mide y la reforma laboral se transformó en una prueba clave del poder político de Javier Milei.