El dirigente peronista cordobés Guillermo Kraisman deberá enfrentar un juicio oral por tentativa de estafa, luego de que la Justicia rechazara su pedido de suspensión del juicio a prueba, conocido como probation. La resolución fue impulsada por la fiscalía, que consideró insuficiente la propuesta del exlegislador de realizar tareas comunitarias y pagar una compensación económica para evitar el proceso judicial.
La causa se originó tras una maniobra detectada en la Legislatura de Córdoba, donde Kraisman habría intentado cobrar el salario correspondiente a una persona que, según la investigación, nunca prestó funciones en el organismo. El caso se destapó luego de que un empleado bancario advirtiera irregularidades en la operación y alertara sobre la situación, lo que permitió iniciar la investigación judicial.
Ahora será la Cámara Décima del Crimen de Córdoba la encargada de fijar la fecha del juicio oral en el que el dirigente deberá responder por la acusación penal.
Según consta en la causa, la fiscalía sostiene que el exlegislador intentó cobrar el sueldo de una supuesta empleada que figuraba en la nómina legislativa pero que no cumplía tareas reales.
La irregularidad salió a la luz cuando un trabajador del banco detectó inconsistencias en el intento de cobro y realizó una advertencia interna que terminó derivando en la denuncia.
El fiscal Fernando López Villagra rechazó la solicitud de probation presentada por la defensa del dirigente, encabezada por el abogado Diego Casado, al considerar que la propuesta no resultaba proporcional frente a la gravedad de los hechos investigados.
Entre los argumentos del pedido rechazado, la defensa había ofrecido:
Realizar tareas comunitarias en una asociación civil.
Pagar una reparación económica en cuotas.
Evitar así el desarrollo de un juicio oral.
La fiscalía consideró que esa alternativa no resultaba adecuada para cerrar la causa y sostuvo que el caso debe resolverse en un proceso judicial completo.
Imputado: Guillermo Kraisman, dirigente del PJ cordobés.
Delito: tentativa de estafa.
Hecho investigado: intento de cobrar el sueldo de una empleada que no trabajaba en la Legislatura.
Descubrimiento: alerta realizada por un empleado bancario.
Próximo paso: la Cámara Décima del Crimen deberá fijar la fecha del juicio.
De acuerdo con el Código Penal argentino, el delito de tentativa de estafa contempla una pena máxima de hasta 2 años de prisión.
El juicio oral será clave para determinar la responsabilidad penal del dirigente y definir si corresponde una condena. En ese proceso se analizarán las pruebas reunidas durante la investigación y los testimonios vinculados a la presunta maniobra.
