Hay una pregunta que hoy recorre el mundo del fútbol argentino y también los pasillos del poder: ¿qué encontró la IGJ en las cuentas de la AFA y por qué dejó una advertencia que todavía no se cerró? La respuesta no es simple, pero empieza a aclararse con cada documento revisado. Y el final de esta historia todavía está abierto.
En las últimas horas, la Inspección General de Justicia avanzó con el análisis de la información contable presentada por la Asociación del Fútbol Argentino y encendió señales de alerta. El organismo no recomendó, por ahora, designar un veedor oficial, pero sí dejó una contundente advertencia: la documentación entregada es incompleta y podría derivar en nuevos pedidos formales.
Según fuentes del proceso, la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, presentó balances y estados contables correspondientes al período 2017-2024. El problema no estuvo en los números globales, sino en el nivel de detalle. Desde la IGJ observaron partidas de gastos —especialmente vinculadas a la logística de la Selección Argentina— que figuran de manera general, sin explicar con precisión en qué se usó el dinero. En criollo: se informó cuánto se gastó, pero no para qué.
Uno de los puntos más delicados del expediente es la falta total de datos sobre la Universidad de la AFA (UNAFA). El organismo de control había intimado formalmente a la entidad para que explique su funcionamiento y el destino de los fondos asignados. El plazo venció el martes 20 de enero y la documentación nunca apareció. Este incumplimiento podría complicar aún más la situación administrativa.
Durante las audiencias declararon los auditores de cada etapa: Claudia Carraro (2017), Umberto Mucelli (2018 a 2021) y Claudio Bisurgi (2022 a 2024). Desde la Inspección General de Justicia destacaron una actitud colaborativa y remarcaron que, en el balance cerrado el 30 de junio de 2024, la AFA empezó a desagregar gastos que antes figuraban de forma global y ya habían sido cuestionados.
También expuso Fernando Dubois, auditor de la Liga Profesional, quien reconoció no haber respondido a tiempo observaciones sobre los ejercicios 2020 a 2024. Pidió disculpas y prometió enviar las aclaraciones dentro del plazo fijado.
Desde la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino negaron irregularidades, rechazaron acusaciones de malversación y apuntaron contra el Gobierno. Además, defendieron el cambio de domicilio legal de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia.
La respuesta de la IGJ fue clara: los veedores no avalan decisiones, solo registran lo actuado. Además, el titular del organismo, Daniel Vítolo, aseguró que no hubo notificación formal del traspaso y deslizó que la mudanza podría tener un trasfondo político.
Por ahora, no hay denuncias penales ni acusaciones por delitos. El proceso sigue siendo administrativo. Pero la advertencia está hecha y el expediente sigue abierto. Y ahí está la clave que muchos todavía esperan ver cómo se resuelve.
