Arranca con una pregunta que muchos se hacen pero pocos datos responden: ¿quiénes gobiernan hoy la Casa Rosada y de dónde vienen realmente? Detrás del ruido político, hay un cambio silencioso que explica buena parte del rumbo del Gobierno. Y los números lo dejan claro.

La llegada de Javier Milei al poder no solo significó un recambio de nombres, sino también de origen. Por primera vez en décadas, la mayoría de los funcionarios de alto rango no hizo carrera dentro del Estado. Según las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, el 67% de los cargos jerárquicos del actual Gobierno proviene del sector privado. Ese dato marca un quiebre fuerte con la lógica tradicional de la política argentina.

Para entender la dimensión del cambio, alcanza con mirar hacia atrás. Durante la gestión de Alberto Fernández, el 72% de los funcionarios nacionales ya venía de ocupar cargos públicos. Apenas un 28% tenía experiencia laboral fuera del Estado. Es decir, predominaba un esquema cerrado, donde los mismos actores rotaban de un puesto a otro sin salir nunca del circuito estatal.

Hoy el panorama es distinto. El eje del debate sobre los funcionarios sector privado Milei no es solo estadístico, sino político. De acuerdo a los registros oficiales, apenas el 27% de los funcionarios actuales tenía como antecedente inmediato otro cargo público. El resto llegaba desde empresas, estudios profesionales, universidades o el ejercicio independiente de su profesión.

Este cambio responde a una idea que Milei repitió durante toda la campaña: romper con lo que define como “la casta”. Durante más de 40 años, la política funcionó como un sistema cerrado, con premios internos y escasa rendición de cuentas. El nuevo esquema apunta, al menos en el diseño, a un Estado más chico y con perfiles técnicos que ya gestionaron fuera del ámbito público.

Economistas con trayectoria internacional, abogados en ejercicio, médicos y especialistas técnicos forman parte de un gabinete que busca diferenciarse del modelo anterior. No se trata solo de una cuestión ideológica, sino de una forma distinta de ocupar el poder.

Las declaraciones juradas cumplen un rol clave en este proceso. Además de transparentar antecedentes laborales, permiten detectar conflictos de interés y evitar la llamada “puerta giratoria”. Lejos de confirmar una captura del Estado por privados, los datos muestran una reducción de funcionarios que viven exclusivamente del Estado.

En síntesis, el cambio en el origen de los funcionarios marca dos modelos opuestos. Uno basado en la permanencia dentro del aparato público. Otro que apuesta, con aciertos y riesgos, a traer gestión desde afuera. Y eso, más allá de simpatías o rechazos, explica mucho del momento político actual.