Si llegaste hasta acá es porque querés entender qué pasó de fondo con las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue. Lo que casi nadie explica es por qué este proceso terminó siendo una señal fuerte para el sector energético… y qué puede cambiar para las provincias y para el país.
El Gobierno abrió los sobres finales y confirmó algo que ya venía rumoreándose: se recibieron US$685 millones por la privatización de las cuatro represas del Comahue.
Las centrales involucradas son Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito y Cerros Colorados, que juntas aportan cerca del 10% de la energía eléctrica del país.
Según comunicó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ya hay adjudicatarios para Alicurá, Piedra del Águila y El Chocón, mientras que Cerros Colorados quedó en desempate.
Para Caputo, el mensaje fue claro: el sector privado vuelve a mostrar interés cuando las reglas son previsibles.
El camino hasta acá tuvo más acción de la que parece. Al principio se presentaron 9 grupos empresariales, entre ellos los actuales operadores —AES, Central Puerto, Enel y MSU Green Energy— y jugadores nuevos como Pampa Energía, Central Costanera y el consorcio Futaleufú-Genneia.
Incluso hubo oferentes sin experiencia en grandes represas, como Edison Inversiones y Inverlat, dueño de Havanna.
Tras la primera evaluación, quedaron 8 grupos precalificados, todos con espalda financiera y capacidad técnica para operar represas por 30 años. La competencia fue real y eso empujó el valor final.
Un punto clave, sobre todo para quienes viven en la zona del Comahue: Neuquén y Río Negro seguirán cobrando el 6% de regalías y además sumarán un canon del 1% por uso del recurso hídrico.
Este fue el requisito que exigieron los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck para acompañar la privatización sin peleas judiciales.
La licitación se hizo en un contexto financiero más favorable que el de hace unos meses: tasas más bajas y mayor capacidad de capitalización por parte de los grupos privados.
Eso ayudó a que el número final —los US$685 millones— no solo sea alto, sino también competitivo.
Porque para el Gobierno significa un respaldo político y económico a su modelo de apertura, desestatización y reglas claras. Y para los inversores, una señal de que el sector energético argentino vuelve a ofrecer oportunidades reales.
