El miércoles pasado, una manifestación inicialmente convocada en apoyo a los jubilados terminó en violencia y caos, y el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, no tardó en actuar. La denuncia penal presentada acusa a los responsables de sedición, asociación ilícita agravada y atentado contra el orden constitucional. ¿Qué pasó en realidad durante esta movilización?
Según el Ministerio, los disturbios fueron organizados por barrabravas, políticos y sindicalistas. Aunque la marcha parecía pacífica al principio, rápidamente se convirtió en un enfrentamiento violento con ataques a la policía. La denuncia revela que se utilizaron armas blancas, objetos incendiarios y clavos "miguelito" para agredir a los efectivos. Como resultado, catorce policías resultaron heridos y se destruyeron patrulleros y motos oficiales.
Un aspecto que ha generado controversia es la actuación de la jueza Karina Andrade, a quien se le acusa de liberar a los más de cien detenidos sin revisar pruebas ni antecedentes penales. Entre los liberados había personas con antecedentes graves como tenencia de armas o tráfico de drogas. Este hecho motivó que el gobierno solicitara que la causa fuera trasladada al fuero federal y no descartara presentar una denuncia contra la jueza por prevaricato.
El Ministerio de Seguridad también denuncia que la protesta fue organizada por Leandro Capriotti, vinculado al sindicalista Luis Barrionuevo, y que barrabravas de equipos como Chacarita, River, Boca e Independiente fueron utilizados como “mano de obra” de sectores políticos. Estos grupos habrían sido trasladados desde municipios del conurbano bonaerense como La Matanza y Lomas de Zamora, lo que sugiere un posible financiamiento por parte de actores políticos de estas regiones.
El gobierno fundamenta su denuncia en varias leyes, entre ellas la Ley Antimafias, que combate la organización de grupos criminales y su infiltración en distintos ámbitos sociales. Además, según los denunciantes, los organizadores advirtieron que los disturbios se repetirán "todos los miércoles", lo que representa una amenaza constante al orden público.
La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá decidir si avanza con la investigación y si acepta el apartamiento de la jueza Karina Andrade. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad sigue recolectando pruebas, como grabaciones y testimonios, para fortalecer la denuncia.
