En los despachos de la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza activó una jugada para liquidar el garantismo judicial en Argentina. La diputada Virginia Gallardo radicó formalmente una reforma integral del Código Penal que sepulta la prescripción de las penas perpetuas y triplica los castigos por agresiones sexuales. El mensaje político del oficialismo es contundente: el que las hace, las paga sin fecha de vencimiento. Mientras la oposición dialoguista asiente con la cabeza en los pasillos de Buenos Aires, el kirchnerismo residual mastica bronca en silencio porque se les desarma el manual abolicionista de las últimas dos décadas.

El proyecto no nació en un laboratorio teórico sino en la trinchera parlamentaria que conduce Laura Rodríguez Machado. La iniciativa suma voluntades de provincias como San Juan y Tucumán, donde los gobernadores ya leen el clima de época en la calle. El fin de la fiesta garantista ya tiene número de expediente parlamentario. La modificación del artículo 62 e incorporación del 62 bis garantiza que jamás caduque la acción penal cuando el delito merezca la sanción máxima, cortando de raíz la especulación de los abogados sacapresos que apostaban al paso del reloj.

En el Palacio Legislativo el aire se corta con tijera cada vez que los bloques de la Unión Cívica Radical revisan el articulado. La movida sumó firmas transversales como las de Carolina Basualdo, Nancy Picón Martínez y Pamela Verasay, dejando a los defensores del garantismo en absoluta soledad. Nadie quiere quedar pegado defendiendo la prescripción de aberraciones humanas. En concreto, el artículo 65 bis blindará la ejecución de la condena: si un violador o asesino con perpetua logra eludir el encierro, el Estado lo buscará hasta el último día de su existencia sin admitir límites temporales.

La letra chica del expediente golpea con rigor quirúrgico donde el garantismo zaffaroniano miraba para otro lado con cinismo. Los castigos por ataques contra la integridad física y personal trepan de 6 a 10 años cuando medien asimetrías de poder sobre menores de edad. El régimen de penas sufre la sacudida más severa desde el retorno democrático. Los techos punitivos se clavan en 6 años para episodios simples, escalan a 12 en casos de extrema gravedad, tocan los 20 años frente a ataques con penetración y coronan en 22 años cuando operan agravantes del vínculo o ensañamiento.

Caminar los pasillos de comisiones permite advertir el pánico de los sectores que hicieron del garantismo penal su principal negocio doctrinario. Ciertas bancadas opositoras intentaron plantar dilaciones procesales bajo el pretexto de que no existe urgencia legislativa para discutir penas en el recinto. La respuesta libertaria fue una trompada al mentón de los tibios de siempre. Gallardo y su equipo fundamentaron que el ordenamiento legal vigente consagraba una burla técnica: liberar a criminales atroces a los 20 años por mero paso del almanaque premiaba la impunidad y condenaba a las víctimas al olvido.

La tropa libertaria cerró filas en torno al proyecto con un libreto que sintoniza de lleno con el mandato de mano dura popular. Las autoras sostuvieron en sus considerandos que no hay rehabilitación posible cuando el sistema renuncia a perseguir a los monstruos de la sociedad. “Nuestra decisión es evitar que el mero transcurso del tiempo pueda frustrar definitivamente la actuación de la Justicia”, rubricó la diputada en el pliego final. El tablero de la Cámara baja queda condicionado: quien vote en contra de esta ley le estará explicando a su propio electorado por qué prefiere proteger a los agresores antes que a las familias de bien.

Lo que tenés que saber sobre la reforma penal libertaria

 

• Imprescriptibilidad absoluta: Las condenas a prisión perpetua y las acciones penales por delitos de gravedad máxima jamás vencerán con el paso de los años.
• Escala punitiva agravada: Las penas por agresiones sexuales se elevan hasta topes de 20 y 22 años de cárcel efectiva según agravantes.
• Castigo a abusos de poder: Penas de 6 a 10 años de prisión para agresiones que involucren a menores de entre 13 y 16 años con asimetría de autoridad.
• Freno a las prescripciones a los 20 años: Se deroga la cláusula del Código Penal que permitía extinguir condenas perpetuas tras dos décadas de evasión.
• Articulación parlamentaria: El proyecto de La Libertad Avanza cuenta con dictamen respaldado por legisladoras de CABA, Mendoza, San Juan y Tucumán.