El gobierno nacional de Javier Milei está trabajando a todo ritmo en una nueva ley migratoria que, si todo sale según lo planeado, podría ser aprobada antes de que termine 2025. El presidente, en su discurso durante la apertura del 143° período de sesiones ordinarias del Congreso, detalló parte de las reformas que se están preparando. ¿Qué implica este nuevo proyecto y cómo cambiará el panorama para los inmigrantes en Argentina?
Una de las principales propuestas que se destacan en la nueva legislación es la implementación de aranceles para extranjeros no residentes que accedan a los servicios de salud y educación. La idea de Javier Milei es hacer que estos servicios sean prioritarios para los ciudadanos argentinos, y financiar estos gastos con los aportes de aquellos inmigrantes que no tengan residencia permanente en el país. Esta medida ya ha sido adoptada en varias provincias como Salta, Mendoza y Jujuy, donde se cobró la atención sanitaria a extranjeros no residentes, generando importantes ahorros fiscales. En Salta, por ejemplo, se llegó a un ahorro de $60 millones en un solo hospital.
El debate sobre el cobro en las universidades es más complicado. Javier Milei ha señalado que las universidades deberían cobrar a los inmigrantes no residentes, aunque este tema será decidido en el Congreso. Si el proyecto no avanza en el ámbito legislativo, el gobierno no descarta avanzar con un decreto que implemente este cambio.
Otro aspecto clave de la reforma es la mayor celeridad en los procesos de deportación de inmigrantes involucrados en delitos. El nuevo proyecto busca endurecer las condiciones de radicación, con requisitos más estrictos, y acelerar la expulsión de aquellos con antecedentes delictivos o que hayan sido sorprendidos en flagrancia. Además, las deportaciones podrían aplicarse también a quienes intenten ingresar al país con documentos falsificados o con intenciones distintas a las declaradas.
El ministro Mariano Cúneo Libarona, quien está al tanto de la redacción de esta reforma, se encargará de coordinar estos ajustes en el sistema migratorio. También se planean nuevas medidas para prevenir el ingreso ilegal de personas a través de la frontera, con un refuerzo de los controles fronterizos y la instalación de nuevos radares y mejoras en los centros de control internacional.
La Ley de Migraciones 25.871, vigente desde 2003, será revisada profundamente. En la reforma, se espera eliminar o modificar artículos que garantizan derechos igualitarios de los inmigrantes en servicios como salud, educación y justicia. Esta es una de las mayores controversias del proyecto, ya que cambiaría el acceso de los inmigrantes a estos servicios.
El gobierno de Javier Milei también ha señalado que algunas políticas migratorias implementadas por el expresidente de EE.UU., Donald Trump, podrían servir de referencia para la nueva legislación argentina, en especial en lo relacionado con la reducción de la inmigración ilegal.
En conclusión, la nueva ley migratoria está generando gran expectación. Si se aprueba, significará un giro importante en la forma en que Argentina maneja la inmigración, buscando que los recursos del Estado se destinen de manera más eficiente y que la seguridad en las fronteras sea reforzada. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla el debate legislativo y qué cambios finales tendrá la Ley de Migraciones 25.871.
