Entre noviembre de 2023 y enero de 2025, el gobierno de Alberto Fernández experimentó una drástica reducción de personal en diversas entidades públicas. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la dotación de empleados cayó en 43.778 puestos, lo que representa una disminución del 12,8%. Pero, ¿qué significa realmente este ajuste para los trabajadores y el funcionamiento del Estado?
Este recorte forma parte de un proceso más amplio, que la nueva administración de Javier Milei ha denominado como la "motosierra", un símbolo de los cambios radicales en la estructura del sector público. En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Milei subrayó que su gobierno apunta a reducir el tamaño del Estado y reestructurar las entidades públicas.
El informe del CEPA destaca a varias entidades clave entre las más afectadas por los recortes de personal. Entre ellas, el Correo Argentino lidera la lista, con una reducción de 4.705 puestos. Le siguen ARCA (ex AFIP), con 1.694 empleos menos, y otras instituciones como Aerolíneas Argentinas (-1.558), AySA (-1.463) y Conicet (-1.422).
Un caso particularmente impactante es el de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, con una reducción de 1.333 puestos. A nivel porcentual, destaca el caso de la empresa Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, que perdió casi toda su dotación, con una caída de personal del 99,7%. Este dato resalta la magnitud de los ajustes en el sector ferroviario, clave para la infraestructura nacional.
Además, se observan recortes significativos en organismos clave como el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (con una reducción del 60%) y el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte, cuyo personal se redujo en un 52%. Este último caso ha generado una fuerte movilización en la comunidad del hospital, que lucha contra el cierre dispuesto por el Gobierno Nacional.
Los recortes en el sector público no son casuales, sino parte de una política deliberada que busca reducir las capacidades del Estado. Según el informe del CEPA, esta estrategia está alineada con el objetivo explícito de la gestión de Milei: reducir el tamaño del Estado, recortando personal y limitando sus capacidades de regulación y gestión.
Para muchos, esta reestructuración puede parecer una medida necesaria para reducir el gasto público. Sin embargo, también pone en evidencia las tensiones entre la necesidad de un ajuste fiscal y las consecuencias sociales de dichos recortes. Con el impacto directo en miles de trabajadores, las consecuencias del ajuste se sienten en toda la sociedad.
El futuro de los trabajadores públicos en Argentina parece incierto. A medida que se profundizan los ajustes, muchos se preguntan cuál será el próximo paso para las instituciones afectadas. ¿Habrá nuevas reducciones? ¿Cómo impactará esto en la calidad de los servicios públicos?
Lo cierto es que la administración de Milei continuará con su plan de reducción del Estado, lo que podría generar más cambios en el sector público en los próximos años. Mientras tanto, los empleados afectados se enfrentan a un futuro incierto, y la sociedad en su conjunto se pregunta qué pasará con los servicios que dependen de estas entidades clave.
La reducción de personal en el sector público es un tema que genera controversia. Los recortes impulsados por la gestión de Javier Milei apuntan a una reestructuración profunda del Estado, pero también dejan al descubierto las tensiones entre la eficiencia fiscal y el bienestar de los ciudadanos. Mientras el país atraviesa este proceso, será fundamental observar cómo se adaptan las instituciones públicas y cómo afecta a los trabajadores y servicios esenciales.
