En las últimas horas, la señal A24 emitió audios que sacudieron la agenda política. Se trata de una supuesta conversación entre Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el senador Edgardo Kueider, peronista investigado en el ojo de la tormenta política. A raíz de estos hechos, el Gobierno de Javier Milei decidió no permanecer impasible y anticipó el inicio de acciones legales contra quienes difundieron información falsa.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue claro en su postura: "En virtud de la falsedad orquestada, se ha decidido iniciar las acciones legales correspondientes". La estrategia apunta a detener la circulación de rumores y desmentir las versiones que cuestionan las relaciones políticas entre el kirchnerismo y el espacio libertario.
En virtud de la falsedad orquestada, se ha decidido iniciar las acciones legales correspondientes. Fin. pic.twitter.com/eEa2XKtFtf
— Manuel Adorni (@madorni) December 9, 2024
La polémica surgió tras la emisión de un informe en el programa GPS, liderado por Rolando Graña, donde se aseguraba que Kueider y Milei habían mantenido una conversación vinculada a la campaña de 2023. Según los audios, el senador habría expresado a la hermana del Presidente su interés en una elección simultánea con el libertario en el tablero político. Sin embargo, lo más preocupante es que las versiones no incluyeron las respuestas de Karina Milei, lo que generó un vacío informativo clave para interpretar los hechos en el contexto político actual.
En este sentido, la carta documento enviada por Karina Milei a las autoridades de A24 es categórica. En el documento, se solicita una donación de 5 millones de pesos a una entidad de bien público y que esta sea acreditada públicamente. "El Sr. Graña difundió diversos audios indicando concretamente que correspondían a una conversación mía con el Sr. Kueider", señala la misiva, para luego agregar que esta información es "falsa con la única intención de dañar mi imagen, la del partido La Libertad Avanza y la del presidente de la Nación".
Además, el documento advierte que, en caso de no dar lugar a la intimación, se procederá con el inicio de acciones legales. La advertencia es clara y refuerza el giro político que el oficialismo busca imponer para cerrar el episodio de los audios.
Por su parte, la figura de Edgardo Kueider, senador entrerriano y miembro del bloque Provincias Unidas, se encuentra en el centro de una crisis política internacional. Fue recientemente detenido en Paraguay mientras intentaba cruzar el Puente Internacional de la Amistad con más de 200.000 dólares en efectivo, cifra que no pudo justificar ante las autoridades aduaneras. Este hecho le ha valido un foco de atención aún mayor en el escenario político nacional e internacional.
La polémica no solo involucra versiones de reuniones secretas, sino también la disputa por posicionamientos políticos en el complejo tablero electoral argentino, donde cada gesto puede significar un cambio de dinámica. En este caso, las sospechas apuntan a que Kueider podría haber buscado una conexión con sectores de La Libertad Avanza, generando tensiones internas en el oficialismo y en el espacio opositor.
En medio de este panorama, el Gobierno apuesta a demostrar control político con el inicio de acciones legales y el refuerzo de la postura institucional frente a rumores que buscan erosionar la confianza en el Ejecutivo.
Con la justicia como una herramienta clave, el caso de los audios falsos no solo promete esclarecer las intenciones detrás de estos mensajes, sino también establecer un precedente frente a las operaciones mediáticas en un contexto político marcado por tensiones y especulaciones.
