Mientras los vecinos de la provincia de Buenos Aires enfrentan un sistema de salud colapsado y el peso descomunal de los costos en medicamentos esenciales, la Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía de Buenos Aires celebra la apertura de su flamante Primera Farmacia Policial.

El anuncio, que promete medicamentos gratuitos para policías y sus familias, deja un sabor amargo en la población, especialmente cuando la percepción del desempeño policial está marcada por la ineficiencia y la falta de protección al ciudadano.

Los detalles del comunicado oficial son claros: los afiliados policiales podrán acceder a una cobertura casi total para la adquisición de medicamentos, utilizando el convenio con IOMA, descuentos exclusivos y un sistema de cupos asignados.

Todo esto mientras los ciudadanos de a pie, que sostienen este sistema con sus impuestos, se ven obligados a elegir entre pagar una receta médica o cubrir sus necesidades básicas.

Los vecinos no pueden evitar preguntarse: ¿Por qué el Estado otorga beneficios exclusivos a un sector que, en gran parte, ha sido cuestionado por su falta de compromiso con la seguridad pública?

En barrios de La Plata y el conurbano, las quejas por la inseguridad son constantes: robos a plena luz del día, zonas liberadas y una respuesta policial que a menudo brilla por su ausencia.

La indignación crece al saber que, mientras los ciudadanos pagan fortunas por acceder a tratamientos médicos, los mismos policías que deberían protegerlos y no lo hacen, recibirán medicamentos gratuitos y sin restricciones.

El hecho de que la farmacia policial sea "de uso exclusivo" y esté financiada en parte por el sistema de IOMA, que también presta servicios a docentes y otros trabajadores, agrava aún más las tensiones.

Los docentes, por ejemplo, enfrentan demoras interminables para recibir reintegros por medicamentos y tratamientos, mientras los policías parecen gozar de un sistema privilegiado que funciona con "inmediatez, seguridad y eficiencia".

Resulta difícil justificar una medida como esta en un contexto donde la salud pública es una preocupación central. Si el sistema de IOMA y los fondos de la Superintendencia de Servicios Sociales pueden financiar una farmacia exclusiva para policías, ¿por qué no destinar esos recursos a mejorar el acceso a medicamentos para todos los bonaerenses?

En una sociedad democrática, las fuerzas de seguridad deberían ser un pilar para garantizar el bienestar colectivo, no un grupo privilegiado que accede a beneficios negados al resto de la población.

Este tipo de desigualdades no solo alimenta la indignación social, sino que refuerza la percepción de que los recursos públicos son utilizados de manera arbitraria e injusta.

La apertura de la Primera Farmacia Policial no es un logro, sino un símbolo de cómo las prioridades del Estado parecen estar desenfocadas.

En lugar de atender las necesidades de una ciudadanía que se siente desprotegida y desatendida, se destinan recursos para ofrecer beneficios exclusivos a un sector cuya legitimidad está en jaque.

Los vecinos tienen razón al indignarse: no es solo una cuestión de medicamentos, sino de justicia social. Y mientras las desigualdades se profundizan, la seguridad y el bienestar de todos los bonaerenses seguirán siendo una deuda pendiente.