El Gobierno de Javier Milei informó que, tras una auditoría interna, se detectó una grave irregularidad en el sistema de asistencia para personas con discapacidad. Según datos oficiales, cerca de 180 mil personas fallecidas seguían figurando como beneficiarias activas del Certificado Único de Discapacidad.
El hallazgo se produjo durante una revisión integral en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Allí se identificaron exactamente 178 mil casos de personas que, pese a estar registradas como fallecidas, aún contaban con el certificado vigente y con beneficios asociados.
La irregularidad salió a la luz gracias al cruce de datos entre los registros de la ANDIS y las bases del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Este paso permitió confirmar que los nombres seguían activos en el sistema de discapacidad, aunque las personas ya no estaban con vida.
La auditoría comenzó luego de cambios en la conducción del organismo. El interventor Alejandro Vilches, sanitarista designado para reemplazar a Diego Spagnuolo, encabezó la revisión que permitió detectar las inconsistencias. Una vez confirmados los datos, se autorizó la baja inmediata de los certificados correspondientes.
Dentro del Gobierno evalúan avanzar con medidas legales. En la Casa Rosada analizan judicializar no solo a quienes habrían cobrado o utilizado beneficios de manera indebida, sino también a los prestadores que podrían haber participado en la operatoria.
Desde el entorno oficial aseguran que no se trata de errores aislados, sino de una maniobra sistemática que habría generado un fuerte perjuicio económico al Estado. Una fuente cercana a la investigación fue contundente: “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita oficialmente la condición de discapacidad de una persona. Permite acceder a distintas prestaciones y beneficios, como cobertura de salud, transporte gratuito y programas de asistencia social.
El certificado se emite a través de una Junta Interdisciplinaria, que evalúa cada caso de manera individual. Por eso, desde el Gobierno remarcan que mantener certificados activos de personas fallecidas no solo es una irregularidad administrativa, sino un problema serio en la asignación de recursos.
Según explicaron fuentes oficiales, la auditoría busca transparentar el sistema y asegurar que la ayuda llegue realmente a quienes la necesitan. El cruce con RENAPER fue clave para detectar el problema y forma parte de una política más amplia de control de padrones en todo el Estado.
La revisión sigue en marcha y podría haber nuevas definiciones en los próximos días. Lo que está claro es que el sistema de discapacidad quedó bajo la lupa y el Gobierno promete ir hasta el fondo.
