La crisis institucional golpea brutalmente a Misiones. El personal técnico y periodístico de Multimedios SAPEM atraviesa un escenario de extrema precariedad laboral. Trabajadores de Canal 12 acumulan atrasos salariales que superan los 90 días.
Todo este descalabro responde a directivas del espacio Encuentro Misionero, antiguo feudo renovador. La conducción del Sindicato Argentino de Televisión advirtió sobre la indigencia que padecen sus afiliados. Faltan abonar aguinaldos, bonificaciones atrasadas y acuerdos paritarios homologados.
Quien lidera semejante desastre administrativo es Raúl Castaño, un funcionario severamente cuestionado. Este oscuro directivo arrastra múltiples expedientes judiciales por supuesta malversación de fondos públicos. Curiosamente, los magistrados locales cajonean dichas denuncias sistemáticamente.
Diversas sospechas apuntan hacia cierto desvío monumental sobre pauta publicitaria. Fuentes tribunalicias aseguran que dicho titular mediático direcciona contratos intentando favorecer empresas amigas del poder. Semejante impunidad cuenta con aquel silencio cómplice garantizado por el gobernador Hugo Passalacqua.
Nadie ignora cómo opera este sistema comunicacional en la tierra colorada. El líder oculto, Carlos Rovira, transformó aquellas frecuencias públicas bajo una trinchera militante. Solo difunden actos gubernamentales mientras silencian cualquier reclamo social callejero.
Semejante contraste resulta sencillamente obsceno para cualquier ciudadano común. Mientras nuestro vicegobernador Lucas Romero Espinelli posa sonriente frente a los flashes, aquellos operadores técnicos no tienen dinero buscando abonar alquileres. Es una postal cruel del cinismo político litoraleño.
Los gremialistas alzaron su voz durante tensas asambleas recientes. “Somos trabajadores del Estado, pero nos tratan como estorbo”, sentenciaron varios delegados frente al edificio central. Tanta angustia crece acompañando cierta inflación que pulveriza bolsillos obreros.
Aquel maltrato laboral no constituye un hecho aislado dentro de la administración pública. El estrangulamiento financiero replica exactamente tácticas aplicadas contra policías y personal sanitario. Todos sufren ese mismo látigo disciplinador bajando desde Casa de Gobierno.
Resulta evidente que sobran recursos genuinos en las arcas provinciales. ¿Por qué esconden la plata destinada al pago de sueldos? Dicha respuesta oficial brilla por su ausencia mientras continúan financiando obscenas campañas proselitistas.
Aquel petitorio formulado por bases resulta contundente buscando respuestas inmediatas. Piden urgente renuncia del cuestionado administrador y cancelación total sobre deudas salariales. Nadie tolera seguir manteniendo lujos pertenecientes a cierta casta gobernando de espaldas al pueblo.
