El Gobierno de Javier Milei tomó la decisión de no financiar con fondos públicos la marcha del orgullo LGBT, manteniendo su compromiso de reducir el gasto estatal. Según fuentes oficiales, la medida responde a una necesidad de asignar recursos de forma más efectiva en medio de la crisis económica.
Desde la administración de Milei se ha reiterado la postura de priorizar el uso de los fondos públicos en áreas que beneficien al conjunto de la población. El enfoque busca que eventos de representación sectorial no sean financiados por los impuestos de todos los ciudadanos.
El Gobierno enfatizó que, si bien la diversidad es un valor fundamental, el Estado debe actuar con prudencia fiscal. La decisión busca reducir la dependencia de ciertos eventos en fondos públicos, en línea con las políticas de reducción del gasto en la actual administración.
Durante la marcha, los asistentes manifestaron su desacuerdo con las políticas de Milei, a través de lemas como "No hay libertad con ajuste". Las demandas incluyeron una ley integral trans y una ley antidiscriminatoria, en medio de críticas hacia las medidas económicas actuales.
La administración de Milei remarcó que su enfoque en la eficiencia del gasto implica destinar recursos únicamente a programas con beneficio colectivo. Así, busca garantizar que los fondos públicos respondan a necesidades de toda la ciudadanía en tiempos de restricciones.
Para el gobierno, este recorte de financiamiento representa una forma de control en el uso de los recursos. El enfoque, afirman, es responsable, sustentando su postura de optimización presupuestaria sin discriminación hacia ningún sector.
