El intendente de Bariloche, Walter Cortés, se enfrenta a un escándalo por la adquisición de una hormigonera usada que pagó a un precio equivalente al de una nueva. La máquina, comprada a la empresa F&J, llegó al municipio como un Frankenstein de otras máquinas, lo que generó sospechas sobre su calidad y origen. El costo de $192 millones se considera excesivo, dado que el equipo de segunda mano valía una tercera parte.
Durante la compra, el municipio cometió varias irregularidades. En primer lugar, no se cumplió con los procedimientos legales para adquirir la maquinaria. Además, la hormigonera fue pagada antes de ser entregada, lo cual es ilegal. Las resoluciones emitidas para corregir el modelo adquirido tampoco lograron esclarecer los detalles de la transacción, ya que la máquina entregada no coincide con la que figuraba en los papeles.
F&J, la empresa intermediaria encargada de la venta, está bajo denuncias por estafa, secuestros y violencia de género. A pesar de las exigencias del municipio, la compañía no ha entregado la factura de compra de la hormigonera, lo que complica aún más el panorama legal. Sin esta documentación, es imposible reclamar por posibles fallas o determinar la garantía del equipo.
El futuro de Cortés depende del tribunal de cuentas, que deberá decidir si se cometieron irregularidades en la compra. La investigación también involucra a los responsables del tribunal, cuyos miembros tienen vínculos políticos complejos. En una reciente resolución, el tribunal frenó la instalación de la planta de hormigón para profundizar la investigación sobre el origen de la máquina, lo que pone en jaque al intendente.
Una investigación penal está en marcha para determinar la cadena de responsabilidades en este caso. Cortés podría enfrentar sanciones por violar procedimientos legales y realizar la compra bajo condiciones dudosas. El tribunal de cuentas, que ya se vio envuelto en críticas, también está siendo investigado por su implicación en el caso.
Además de la compra ilegal, los rumores apuntan a que Cortés estaría buscando tercerizar la operación de la hormigonera, lo que podría generar más conflictos. El municipio también taló árboles autóctonos sin la autorización correspondiente para instalar la maquinaria, lo que agrava aún más la situación.
