Arranca una pregunta que muchos se hacen y que todavía no tiene respuesta final: ¿puede la Argentina lograr que Nicolás Maduro sea extraditado para ser juzgado en Comodoro Py? Lo que pasó en las últimas horas activó un camino judicial que, si avanza, puede marcar un antes y un después.

Este lunes, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió que la Justicia argentina inicie de manera urgente el procedimiento de extradición activa contra Nicolás Maduro, exmandatario venezolano. El planteo se apoya en un dato clave: el dirigente se encuentra detenido en los Estados Unidos, según información que tomó estado público.

La solicitud no salió de la nada. Stornelli adhirió formalmente al pedido presentado por las asociaciones querellantes en la causa que investiga graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Ese expediente se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo el número CFP 2001/2023, y está a cargo del juez Sebastián Ramos.

En su escrito, el fiscal dejó claro que sobre Nicolás Maduro ya existe una orden de detención vigente y una citación para prestar declaración indagatoria. Es decir, la Justicia argentina ya había avanzado antes con medidas concretas, pero ahora aparece un nuevo escenario: el imputado estaría bajo custodia en territorio estadounidense.

Por eso, Stornelli calificó el pedido como “urgente”. El objetivo es simple y directo: que Maduro quede a disposición de la Justicia argentina para responder por los delitos que se investigan. En términos claros, la extradición permitiría traerlo al país para que enfrente el proceso judicial abierto en Argentina.

El reclamo tomó más fuerza luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informara públicamente la captura de Nicolás Maduro y su traslado fuera de Venezuela. Según datos oficiales de las autoridades norteamericanas, el dirigente enfrenta desde 2020 cargos graves vinculados al narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas.

En paralelo, la causa que se tramita en Comodoro Py investiga presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El caso se apoya en el principio de jurisdicción universal, una herramienta legal que permite a los tribunales argentinos intervenir aunque los hechos no hayan ocurrido en el país.

Este criterio busca evitar la impunidad en delitos extremos y ya fue utilizado en otras causas de derechos humanos. Además de Nicolás Maduro, el expediente incluye a otros altos funcionarios del régimen venezolano, como Diosdado Cabello, junto a militares y agentes de inteligencia.

La orden de captura internacional contra Maduro fue dictada en septiembre de 2024, cuando la Cámara Federal resolvió profundizar la investigación y asegurar que los imputados no eludan a la Justicia.

Ahora, todo depende de cómo avance el trámite de extradición. La pregunta inicial sigue abierta, pero el pedido de Stornelli dejó algo claro: la Argentina quiere que el proceso avance y que la causa no quede frenada.