El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, ha vuelto a caparar la atención de los medios y la opinión pública, pero no por sus acciones al frente de su localidad. Su reciente incumplimiento de una citación judicial para someterse a pericias psiquiátricas y psicológicas, al llegar dos horas tarde a la convocatoria, plantea interrogantes sobre su compromiso con la justicia. Programada para las 10 de la mañana en el Cuerpo Médico Forense en Buenos Aires, la audiencia fue cancelada por su demora, lo que refleja una falta de respeto no solo hacia la ley, sino también hacia la denuncia de su exsecretaria, Melody Rakauskas, quien lo acusó de abuso sexual en 2021.

La tardanza de Espinoza, que se niega a someterse a los estudios desde hace tres años, solo incrementa las dudas sobre su voluntad de enfrentar las graves acusaciones que pesan sobre él. A pesar de que finalmente se presentó a las pericias tras un pedido de la querella, este comportamiento evasivo no hace más que alimentar la desconfianza en un sistema judicial que ya se encuentra bajo la lupa. Además, sus abogados han intentado deslegitimar la denuncia de Rakauskas al señalar que ella no se ha sometido a las mismas pruebas. Sin embargo, es importante recordar que la jurisprudencia de la Corte Suprema establece que el estudio para quien denuncia es voluntario, lo que invalida los argumentos presentados por la defensa.

Un aspecto alarmante de este caso es el hecho de que Espinoza ha estado en el centro de una serie de eventos que revelan una dinámica de poder peligroso. La Cámara de Crimen ha confirmado su procesamiento por abuso sexual y desobediencia de una orden judicial, dejando la causa al borde de un juicio oral. La decisión de la jueza María Fabiana Galletti fue respaldada por el fiscal Mauricio Viera, quien considera que las pruebas son suficientes para avanzar con el proceso. Sin embargo, la defensa ha apelado esta decisión, argumentando que el procesamiento aún no es firme.

La sombra de la impunidad parece alargarse sobre este político que busca justificar su comportamiento en el ámbito profesional. Su solicitud para asistir al Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes en España, a realizarse del 31 de octubre al 7 de noviembre, también genera controversia. A la espera de una respuesta del Juzgado Nacional en lo Penal N°31, se evidencia que sus prioridades pueden estar más alineadas con su imagen pública que con la búsqueda de justicia para quienes se han visto afectados por sus presuntas acciones.

La situación de Espinoza plantea una cuestión crítica: ¿qué mensaje se envía cuando un funcionario electo, en lugar de someterse a la justicia, intenta evadir su responsabilidad? El ejercicio del periodismo crítico se vuelve esencial en este contexto, ya que revela la fragilidad de nuestro sistema democrático ante quienes creen ser dueños de la verdad. Es crucial que la sociedad mantenga una mirada atenta y exigente frente a este tipo de conductas, porque la justicia debe prevalecer, y la verdad no puede ser ignorada.