Legisladores kirchneristas en Tierra del Fuego presentaron un polémico proyecto feminista que propone la modificación de la Ley de Registro Civil para que niños y adolescentes puedan cambiarse el género según su "identidad auto percibida", sin necesidad de autorización de ambos padres. Esta iniciativa ha generado un fuerte debate político y social, con opiniones encontradas y cuestionamientos tanto en el oficialismo como en la oposición.
Los diputados Myriam Martínez y Federico Greve impulsaron el texto, que ya fue tratado en Comisión y logró dictamen el pasado viernes, con el respaldo de la bancada kirchnerista. Sin embargo, la medida no está exenta de resistencias, con sectores opositores como La Libertad Avanza, quienes han manifestado un rechazo tajante, al considerarla un avance arbitrario que debilita la estructura familiar y parental.
Según el texto, las modificaciones más polémicas buscan simplificar el procedimiento para que individuos puedan optar por el cambio de género en el Registro Civil. Algunos puntos destacados incluyen:
Desde la oposición, el legislador Agustín Coto se expresó en contra de la iniciativa, afirmando que la propuesta no solo representa un cambio legal, sino un "ataque a la familia y a los valores tradicionales". En palabras de Coto, el proyecto forma parte de una "ideología de género" que intenta imponer cambios ideológicos sobre decisiones personales y familiares.
"Frenaremos esta propuesta junto a otros bloques opositores porque entendemos que se está vulnerando el derecho de los padres y el bienestar emocional de los menores", enfatizó Coto en redes sociales.
El punto más crítico es el impacto psicológico en los menores y la posibilidad de que decisiones tan trascendentales sean tomadas a una edad tan temprana. Diversos expertos y profesionales de la salud mental advierten sobre el riesgo que supone permitir cambios de género a una edad tan temprana sin un acompañamiento interdisciplinario adecuado.
El debate también incorpora un elemento político: la intervención del Estado en las decisiones familiares. Se considera preocupante el cambio de los procedimientos judiciales tradicionales hacia una lógica administrativa, con intervención de funcionarios que no responden necesariamente a los contextos familiares particulares.
Con esta propuesta, los legisladores modifican no solo el procedimiento administrativo, sino también el rol parental en una decisión que involucra la identidad, la percepción individual y el desarrollo emocional. La polémica no se limita solo a aspectos legales, sino que pone en foco las dinámicas familiares y las tensiones entre la libertad individual, la protección de los derechos y el deber de cuidado de los padres.
El oficialismo defiende el proyecto como una medida de protección para aquellos menores que buscan expresar su identidad de género sin ser sujetos de juicios o estigmas sociales. Sin embargo, la oposición denuncia que esta ley no solo es "impuesta ideológicamente", sino que podría ser riesgosa para la infancia vulnerable.
El panorama legislativo y social está cada vez más polarizado. Mientras el oficialismo defiende el proyecto como un avance en la lucha por los derechos humanos, la oposición ya ha anunciado su batalla para frenar el avance de esta normativa en el Congreso.
Por lo pronto, la sociedad estará atenta a los próximos movimientos políticos en Tierra del Fuego y su posible expansión hacia otras jurisdicciones del país, donde el debate sobre los derechos individuales, la familia y el papel del Estado continúan siendo temas álgidos.
El futuro de esta ley aún es incierto, pero lo claro es que su llegada a la legislación nacional podría marcar un punto clave en la historia de los derechos individuales en Argentina.
