La Ley de Etiquetado Frontal, vigente desde 2022, enfrenta un proyecto de derogación impulsado por los diputados del PRO Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero. Según argumentan, la normativa es "paternalista", "confusa" y no cumple con su propósito de informar al consumidor.
La propuesta elimina tanto la Ley N° 27.642 como decretos asociados. Los legisladores aseguran que el Código Alimentario Argentino ya regula la información alimentaria de manera suficiente, evitando duplicidades y simplificando el marco legal.
CHAU A LOS OCTÓGONOS ?. Con @daianamol proponemos eliminar la Ley de Etiquetado Frontal, que no ha servido más que para confundir consumidores y entorpecer el comercio internacional de productos argentinos. pic.twitter.com/4Mjp8ttsj4
— Alejandro Bongiovanni (@alejobongio) November 19, 2024
Los diputados cuestionan las etiquetas negras que advierten sobre excesos de azúcares, sodio y grasas. Según Fernández Molero, estas pierden efectividad si aparecen en la mayoría de los productos, mientras que Bongiovanni calificó la ley como "alarmista" y "ridícula".
Además, destacan el impacto económico de la norma, argumentando que dificulta la exportación de alimentos locales debido a diferencias con estándares internacionales, afectando la competitividad del país en mercados globales.
La ley fue elogiada por organismos como la OPS, que la considera una herramienta efectiva contra enfermedades relacionadas con la mala alimentación. En países como Chile y México, sistemas similares han reducido el consumo de alimentos poco saludables.
En Argentina, donde el sobrepeso afecta al 70% de los adultos y al 40% de los niños, las etiquetas frontales buscan mitigar los efectos de una mala dieta. Las enfermedades crónicas vinculadas a la alimentación generan 140.000 muertes anuales.
El proyecto del PRO abre un debate sobre el equilibrio entre promover hábitos saludables y evitar regulaciones que, según sus detractores, afectan a la economía. En caso de derogarse, quedará en manos del Congreso definir alternativas efectivas para proteger la salud pública.
