Si hoy te preguntás por qué el mercado laboral argentino no arranca, hay un dato que te va a llamar la atención y te lo voy a explicar más abajo: hace 13 años que el empleo privado formal está clavado en el mismo nivel. Nada se mueve. Y cuando veas qué está trabando al sistema, vas a entender por qué seguimos perdiendo laburo de calidad mientras crece la informalidad.
El último informe del Consejo de Mayo lo dejó clarito: más de la mitad de los trabajadores está en negro y hay tres trabas estructurales que vienen frenando todo. Y sí, estos problemas también se conectan con sobrecostos, convenios viejos, juicios laborales y la falta de modernización laboral.
Pero antes de llegar a eso, hay una pregunta clave: ¿por qué contratar a alguien es tan difícil en Argentina?
El informe muestra algo que cualquier pyme siente en carne propia: contratar es carísimo. No solo por impuestos, sino por una serie de “peajes” que se suman al costo laboral. De cada $100 que paga un empleador, el trabajador recibe cerca de $60. El resto se lo llevan el Estado, los sindicatos, las obras sociales y otros intermediarios.
¿El resultado? A muchas empresas simplemente no les dan los números. Contratar termina siendo un riesgo que no pueden asumir. Esto explica una parte del estancamiento del empleo formal y por qué tanta gente termina trabajando sin registrar.
El segundo problema es el miedo al juicio laboral. Una sola sentencia adversa puede hacer caer a una pyme. Indemnizaciones altas, normas viejas y fallos impredecibles arman un escenario donde la contratación se vuelve arriesgada.
El Consejo de Mayo lo dice sin vueltas: así, las empresas prefieren tercerizar, automatizar o no crecer. Y mientras tanto, el empleo formal sigue congelado.
La tercera traba son los convenios firmados hace casi 50 años. La Argentina del 2025 no se parece en nada a la de 1975, pero la normativa laboral sigue atada a esa época.
Con la ultractividad, esos convenios vencidos siguen vigentes para siempre. Esto hace que sectores con productividades muy distintas tengan salarios iguales en todo el país, algo que termina destruyendo empleo en regiones como el NOA, el NEA y Cuyo.
Permitir negociaciones regionales podría sumar entre 9 y 20 puntos de empleo. Pero el sistema actual no lo permite.
Las tres distorsiones —sobrecostos, litigiosidad y rigidez normativa— empujan a millones de personas a la informalidad. Y acá viene la parte central: modernizar no es precarizar. Es ordenar un sistema que ya no funciona.
En el Consejo de Mayo, todos coincidieron en esto menos la CGT, que rechazó cualquier cambio. El resto de los consejeros, incluidos gobernadores, apuntaron a lo mismo: sin reglas más claras y flexibles, no vuelve el empleo formal.
Después de más de una década sin crecimiento y con la informalidad arriba del 50%, seguir pateando la discusión solo empeora todo. El camino es actualizar la legislación, proteger al que trabaja de verdad y permitir que el mercado laboral vuelva a generar oportunidades reales.
