Durante décadas, la dirigencia argentina habló de atraer inversiones mientras sostenía un entramado normativo diseñado para sospechar de quien produce, arriesga y genera empleo. El resultado está a la vista: empresas que se fueron, capitales que buscaron refugio en otros países y una economía atrapada en la burocracia.
Ahora, el gobierno de Javier Milei decidió avanzar sobre otra de las estructuras que considera responsables de ese fracaso.
Este viernes ingresará al Congreso de la Nación un proyecto para reformar la Ley General de Sociedades. La iniciativa fue anunciada por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el encargado de explicar los alcances de una modificación que promete alterar de manera profunda la forma en que se crean, administran y financian las compañías en la Argentina.
La discusión no es menor.
La norma vigente tiene su origen durante la presidencia de facto de Alejandro Lanusse. Aunque atravesó modificaciones posteriores, conserva una filosofía jurídica basada en la intervención estatal, el control preventivo y la desconfianza hacia la actividad privada.
Para la administración libertaria, allí está parte del problema.
La Casa Rosada busca reemplazar una lógica de tutela por un esquema basado en la libertad contractual.
“Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos implementando y que van a consolidar la trayectoria de crecimiento que ya venimos transitando”, sostuvo Sturzenegger al presentar la iniciativa.
En los despachos oficiales sostienen que la legislación actual obliga a empresarios, emprendedores e inversores a navegar un laberinto de requisitos que encarece operaciones, demora decisiones y desalienta proyectos.
Por eso uno de los ejes centrales de la reforma apunta a limitar el poder regulatorio del Estado sobre la organización interna de las sociedades.
La definición del ministro fue contundente.
“El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”.
La propuesta establece que las disposiciones legales pasarán a tener carácter supletorio y que la voluntad de los socios expresada en el estatuto tendrá prioridad.
Traducido al lenguaje político argentino: el funcionario quiere sacar del medio al burócrata que durante años decidió qué podía hacer una empresa y qué no.
“Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”, explicó.
En la misma línea, el proyecto impide que los registros públicos agreguen condiciones o restricciones por fuera de lo establecido legalmente.
“Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite”, señaló.
No es un detalle técnico.
Durante años distintos sectores empresariales denunciaron que organismos administrativos terminaron creando regulaciones paralelas que complejizaron aún más el funcionamiento corporativo.
La iniciativa también elimina varias exigencias consideradas obsoletas.
Uno de los cambios más relevantes aparece en la definición del objeto social.
Actualmente muchas sociedades deben justificar una relación entre las actividades que desarrollan. La reforma elimina esa obligación.
“El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades”, explicó Sturzenegger.
Incluso va más lejos.
Si una sociedad no especifica un objeto determinado en su estatuto, podrá realizar cualquier actividad lícita.
El mensaje político detrás de esa decisión es evidente: menos permisos, menos formularios y menos oficinas diciendo qué se puede hacer.
El Gobierno busca convertir a la Argentina en un destino competitivo para el capital global.
La reforma incorpora además mecanismos para resolver conflictos mediante arbitrajes privados, incluso bajo derecho extranjero o normas del comercio internacional.
“Podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia”, sostuvo el ministro.
La referencia no fue casual.
En el mundo de los negocios, la velocidad y previsibilidad para resolver disputas suele ser un factor tan importante como la presión impositiva.
Otro aspecto central es la digitalización total del sistema societario.
La propuesta habilita domicilio electrónico, registros digitales, libros virtuales, asambleas remotas y constitución mediante firma digital.
“Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, afirmó.
Pero quizás la novedad más disruptiva aparece en el universo tecnológico.
El texto incorpora la figura de la Sociedad Automatizada y de las DAO, organizaciones autónomas descentralizadas que operan mediante algoritmos, contratos inteligentes e inteligencia artificial.
Ambas contarán con personalidad jurídica y responsabilidad limitada.
No existe hoy una regulación similar de alcance general en gran parte de América Latina.
Por eso el oficialismo apuesta a posicionar al país como un polo de innovación para emprendimientos tecnológicos de escala global.
Sturzenegger incluso comparó el modelo con experiencias exitosas desarrolladas en centros de negocios internacionales como Dubai.
La estrategia oficial es clara.
Mientras buena parte de la política sigue discutiendo estructuras productivas del siglo pasado, el Gobierno intenta construir un marco normativo pensado para empresas que todavía ni siquiera existen.
“Pretendemos esa misma atracción global para Argentina en lo que hace a las empresas de inteligencia artificial”, afirmó.
Detrás de esa definición aparece una convicción central del mileísmo.
Que el crecimiento no llegará por subsidios, privilegios sectoriales ni protección estatal, sino por reglas simples, estabilidad macroeconómica y libertad económica.
“Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, concluyó el ministro.
Mientras tanto, en el Congreso ya empiezan a alinearse los sectores que defenderán el esquema vigente.
No sorprende.
Cada avance desregulador toca intereses construidos durante décadas alrededor de trámites, autorizaciones y estructuras que encontraron en la complejidad normativa una fuente permanente de poder.
La discusión recién empieza.
Pero para el Gobierno, el mensaje ya está enviado: la Argentina que pretende construir Milei no tendrá como protagonista al funcionario que controla, sino al privado que invierte.
Lo que está en juego no es una reforma técnica.
Es una disputa mucho más profunda sobre quién debe tener el control de la economía: el Estado o los ciudadanos.
Lo que tenés que saber sobre la reforma societaria
• El Gobierno enviará el proyecto al Congreso este viernes.
• Modifica integralmente la Ley General de Sociedades.
• Reduce la intervención estatal en la organización empresaria.
• Limita el poder regulatorio de los registros públicos.
• Habilita arbitrajes privados y derecho extranjero.
• Digitaliza completamente la gestión societaria.
• Incorpora las Sociedades Automatizadas y las DAO.
• Busca atraer inversiones vinculadas a inteligencia artificial.
• El oficialismo la considera una de las reformas económicas más importantes del mandato de Milei.
