La Justicia Federal dictó el procesamiento de 13 gendarmes acusados de integrar una estructura delictiva organizada que operaba en controles viales de las rutas nacionales 8 y 35, a la altura de Sampacho.
Según la investigación, los efectivos exigían dinero en efectivo a transportistas para permitirles continuar viaje, evitando multas, secuestros de camiones o demoras administrativas. El fallo fue firmado por el juez Carlos Ochoa, quien sostuvo que los acusados abusaron de su autoridad estatal con fines claramente recaudatorios.
La maniobra se habría extendido entre octubre de 2024 y julio de 2025, afectando a camioneros de distintas provincias, en uno de los corredores logísticos más importantes del país.
De acuerdo a los testimonios incorporados al expediente, los gendarmes detenían a los conductores con excusas vinculadas a supuestas irregularidades documentales. Bajo presión, las víctimas debían colocar billetes en carpetas, bolsos o baúles para evitar sanciones.
El juez consideró probado que existía planificación previa, división de tareas y continuidad temporal, elementos centrales para sostener la figura de asociación ilícita.
Lo que tenés que saber:
Operaban en rutas nacionales 8 y 35
Zona clave: Sampacho (sur de Córdoba)
Modalidad: coimas en efectivo
Período investigado: octubre 2024 – julio 2025
Delitos: asociación ilícita, abuso de autoridad, coacción y exacciones ilegales
El fiscal federal Rodolfo Cabanillas apeló el procesamiento al considerarlo insuficiente y arbitrario. El representante del Ministerio Público reclama que otros 10 uniformados también sean procesados y cuestionó el cese de detención otorgado a algunos implicados calificados solo como partícipes necesarios.
Además, pidió revisar la situación de Analía Galián y Leonel Castro, al sostener que hubo una valoración desigual de las pruebas, especialmente en los cruces de llamadas y transferencias bancarias.
La causa quedó ahora en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que deberá definir si amplía los procesamientos y las responsabilidades penales.
La investigación señala como presuntos cabecillas a los sargentos Walter Ramírez y Marcos Juárez, quienes negociaban los pagos.
Como coautores figuran los cabos Roque Choque, Cristian Calisaya, José Villarreal, Jorge Fredes Sánchez, Carlos Ferreyra, Franco Gaspar y Kevin Domínguez, encargados del contacto directo con los camioneros.
Otros efectivos, como la alférez Analía Galián y el gendarme Facundo Coronel, fueron señalados como partícipes necesarios, mientras que Leonel Castro, alias “el Sanjuanino”, habría centralizado la recepción del dinero.
El delito de asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal) prevé penas de 3 a 10 años de prisión. Las exacciones ilegales incluyen inhabilitación especial de hasta 5 años, que puede transformarse en inhabilitación absoluta si se comprueba beneficio personal.
El juez Ochoa remarcó que se trató de una voluntad criminal sostenida, que erosiona la confianza social y el Estado de Derecho. La causa conocida como la de las “coimas verdes” vuelve a exponer fallas estructurales en los controles sobre fuerzas federales.
La Cámara Federal de Córdoba deberá definir si mantiene las prisiones preventivas y amplía la lista de procesados. La fiscalía insiste en que la red de encubrimiento podría ser más amplia y alcanzar mandos superiores.
El caso avanza hacia el juicio oral, mientras el sector del transporte espera una condena ejemplar que marque un límite claro al uso extorsivo del poder estatal.
