Hay algo clave que el Gobierno se juega en los próximos días y que puede cambiar cómo se maneja la plata del país, cómo se contrata gente, cómo se juzgan delitos y hasta cómo se relacionan Nación y provincias. Pero antes de meternos de lleno en ese punto —que es el que más dudas genera— vale entender por qué estas reformas clave se discuten ahora y qué puede pasar en el Congreso.
El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca al Congreso a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre. ¿El objetivo? Tratar un paquete de proyectos que el Gobierno considera imprescindible para sostener el orden fiscal y avanzar en la transformación institucional que prometió.
El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que entre los temas a debatir aparece el Presupuesto 2026, más varias iniciativas económicas, penales y laborales. Recién el 9 de diciembre se presentarán formalmente en Casa Rosada, cuando el Consejo de Mayo muestre cada proyecto en detalle.
Acá está el corazón del paquete. Para el Gobierno, tener por primera vez un presupuesto propio es clave después de dos años funcionando con prórrogas del Presupuesto 2023. La letra fina del proyecto la trabajan Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Hacienda Carlos Guberman.
La duda que todos tienen —y que se resolverá recién cuando el texto salga a la luz— es cuánto del superávit va a destinarse a negociar apoyos legislativos, sobre todo con gobernadores que hoy son decisivos en el Congreso.
Hasta ahora, hubo reuniones con 18 de los 20 gobernadores invitados. Igual, desde Nación fueron claros: no todos recibirán lo mismo. Tendrán prioridad los que acompañaron electoralmente, los que mantuvieron orden fiscal y los que suman votos clave en el Parlamento.
Junto al Presupuesto llegarán dos proyectos fuertes:
Ley de Inocencia Fiscal: busca que quienes tengan ahorros informales —los famosos “dólares del colchón”— puedan blanquearlos más fácilmente.
Regla Fiscal: impedirá aprobar aumentos de gasto sin indicar de dónde sale la plata.
Aunque el Gobierno intenta mantener el texto bajo llave hasta el 9 de diciembre, ya trascendieron varios puntos:
Cambios profundos en la Ley de Contrato de Trabajo.
Nueva forma de determinar “daño” en juicios laborales, trasladando la carga probatoria al trabajador.
Fin de la ultraactividad, para que convenios vencidos no sigan vigentes indefinidamente.
Prioridad de acuerdos por empresa o provincia sobre convenios generales.
Según el oficialismo, esta reforma es necesaria para bajar costos laborales y facilitar la contratación.
El Gobierno también impulsa una actualización integral con más de 900 artículos. Incluye:
Elevación de penas.
Cumplimiento efectivo en el 82% de los delitos.
Modificaciones en homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata.
Finalmente, quedó afuera la idea de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción.
Además, se plantean dos puntos sensibles:
Un “Súper IVA” para que provincias compitan por inversiones.
Cambios en la Ley de Glaciares para que cada jurisdicción defina las distancias permitidas para la actividad minera.
