La intervención del Iosper, la obra social de los empleados públicos de Entre Ríos, ha dejado al descubierto una serie de irregularidades alarmantes. Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia, fue el encargado de anunciar la intervención tras detectar graves problemas de gestión. La deuda que enfrenta Iosper asciende a 42.000 millones de pesos, más del doble de lo que se había informado previamente, y los sueldos de los funcionarios llegaron a ser de hasta 16 millones de pesos. ¿Qué está pasando realmente en la obra social de Entre Ríos?
Los interventores designados por el gobierno provincial, Mariano Gallegos y Marina Alegre, ofrecieron una conferencia de prensa donde revelaron que la situación de Iosper es mucho más grave de lo que se esperaba. Según sus declaraciones, solo se conocía "la punta del iceberg" y ahora comienzan a descubrir los problemas más profundos.
El caso más resonante fue el del ex presidente de Iosper, Fernando Cañete, quien cobraba sueldos exorbitantes. Cañete recibía dos pagos, uno de 6.700.153 pesos y otro de 8.902.485 pesos, lo que sumaba un total de 15.602.639 pesos. Este escándalo se suma a otros hallazgos como el uso indebido de vehículos oficiales, pagos injustificados por servicios no prestados y un déficit operativo de 3.000 millones de pesos mensuales.
El informe de los interventores también reveló que la deuda de Iosper es mucho mayor a lo declarado por la gestión anterior. Actualmente, la deuda asciende a 42.871 millones de pesos, y más del 50% de esta deuda corresponde a medicamentos. En este contexto, la intervención subraya que la gestión financiera fue "mala" y que la compra y contratación de productos y servicios fue "cara y deficiente".
Además, se descubrió un incremento de aranceles sin justificación, como el aumento del 15% que se pretendía implementar antes de la salida de Cañete. Este incremento hubiese generado un déficit adicional de 1.000 millones de pesos, que fue impedido por la intervención. El aumento de los aranceles en los servicios de Iosper también estuvo marcado por actas sin firmas ni fechas, lo que genera dudas sobre su validez.
Un tema que no pasó desapercibido durante la auditoría fue el uso indebido de recursos de Iosper, como los vehículos oficiales. Un caso destacado fue el del gerente de Prestaciones, quien se trasladaba semanalmente desde la provincia de Corrientes a Paraná, con el pago de su sueldo, gastos de traslado y hotel, sumando un total de 10 millones de pesos. Además, se detectaron pagos irregulares por servicios como el lavado de autos oficiales a precios por encima del mercado y el pago de televisión por cable en oficinas sin televisores.
La intervención a Iosper no solo busca auditar y corregir estos problemas, sino también restablecer la confianza de los afiliados en la obra social. Según los interventores, están trabajando con la lógica de que el Iosper "es de los afiliados, no de los prestadores", y que sus esfuerzos están dirigidos a mejorar los servicios para los beneficiarios.
La intervención de Rogelio Frigerio tiene como objetivo poner orden en la gestión de Iosper, reducir la deuda y evitar que se sigan cometiendo irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Con estos primeros hallazgos, la provincia de Entre Ríos busca una solución definitiva para una obra social que, en este momento, enfrenta desafíos financieros y de gestión significativos.
