Durante más de tres meses, nadie supo exactamente por qué estaba preso. Tampoco dónde terminaría ni cuándo iba a salir. Recién este miércoles se cerró una historia que generó silencio, miedo y reclamos: el régimen venezolano liberó a Marino Antonio Mendoza Fuentes, conductor oficial de la embajada argentina en Caracas. Pero la pregunta sigue abierta: ¿qué pasó realmente durante su detención?

El trabajador había sido secuestrado el 12 de diciembre de 2024 por fuerzas de seguridad chavistas. La detención se realizó sin orden judicial conocida, sin pruebas públicas y sin explicaciones oficiales. Desde ese momento, su caso quedó envuelto en la opacidad que caracteriza a los procedimientos del régimen.

La confirmación de su liberación fue realizada por la defensora de derechos humanos Elisa Trotta, en un contexto de fuertes cuestionamientos al chavismo por la demora en las excarcelaciones que el propio gobierno había anunciado semanas atrás. La salida de Marino Fuentes se dio en medio de un escenario político inestable y bajo presión internacional.

Mendoza Fuentes fue detenido en su casa del barrio La Pastora, en Caracas, pocos días después de otro episodio que tensó la relación bilateral: el secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo. Ese caso aún no tuvo resolución. Gallo ingresó a Venezuela desde Colombia para visitar a su familia y permanece detenido en la cárcel de El Rodeo.

En el caso del chofer de la embajada argentina, el lugar de reclusión fue El Helicoide, señalado por organismos internacionales como uno de los principales centros de detención y tortura del país. Durante su encierro, el régimen venezolano le imputó cargos graves, como terrorismo, aunque nunca se difundieron pruebas ni avances judiciales concretos.

Mientras estuvo detenido, Marino Fuentes cumplió 40 años sin información oficial sobre su causa. Tampoco se publicaron imágenes, resoluciones judiciales ni comunicados que explicaran las condiciones de su excarcelación. El silencio fue total.

Durante esos meses, la familia encabezó reclamos públicos constantes. Su madre, Maricela Fuentes, pidió en reiteradas oportunidades la liberación de su hijo y denunció la falta de respuestas. “Mi hijo es un trabajador, no un delincuente”, afirmó en varias ocasiones, incluso remarcando que ella misma se consideraba simpatizante del chavismo.

La pareja de Mendoza Fuentes también realizó gestiones ante organismos de derechos humanos para visibilizar el caso y exigir información. El objetivo siempre fue el mismo: saber si estaba vivo y en qué condiciones.

Marino Fuentes era empleado local de la representación diplomática argentina y trabajó durante años como conductor oficial. Según su entorno, su desempeño fue valorado positivamente por funcionarios de distintos gobiernos argentinos.

Hoy está en libertad. Pero el caso deja una señal clara: en Venezuela, incluso los trabajadores diplomáticos pueden quedar atrapados en un sistema donde las reglas no se explican y la justicia no responde. El final llegó, pero las preguntas siguen abiertas.