La investigación conocida como "mesa judicial", que buscaba determinar si el expresidente Mauricio Macri y su gobierno presionaron a jueces para obtener fallos favorables, ha llegado a su fin con sobreseimientos para los principales implicados. El expresidente Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano, su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, y otros exfuncionarios fueron exonerados tras más de cuatro años de indagaciones. La jueza María Eugenia Capuchetti dictaminó que no existen pruebas que respalden las acusaciones y destacó que los jueces supuestamente presionados nunca denunciaron los hechos en su momento.

La denominada "mesa judicial", centrada en investigar posibles presiones del gobierno de Mauricio Macri sobre jueces para influir en sus decisiones, ha concluido con el sobreseimiento de los principales involucrados. La hipótesis, vinculada a la teoría del lawfare del kirchnerismo, se desvanece, ya que la jueza María Eugenia Capuchetti determinó que no existen pruebas que respalden las acusaciones. Esta investigación, que ha sido uno de los temas más debatidos en la arena política argentina, ha generado controversia y polarización en el país.

El fallo, que fue emitido hace algunas semanas pero se dio a conocer recientemente, destaca que los jueces que supuestamente fueron presionados nunca presentaron denuncias en su momento, a pesar de estar obligados como funcionarios públicos. La jueza Capuchetti sostuvo que este aspecto es crucial, ya que los magistrados, por su formación y cargo, deben distinguir un accionar delictivo y tienen la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito. Además, el fallo destaca que los magistrados no se apartaron de los expedientes que presuntamente motivaban las presiones, evidenciando que no fueron influenciados indebidamente.

La resolución judicial también subraya que las investigaciones abiertas en el Consejo de la Magistratura no deben considerarse como un factor de presión, ya que desvirtuaría la interpretación sobre los mecanismos establecidos para evaluar la labor de los magistrados. Se enfatiza que las denuncias presentadas ante el Consejo de la Magistratura y las acciones de los consejeros no deberían ser vistas como una amenaza para el funcionamiento adecuado de las instituciones. Asimismo, se descarta la inclusión de la actividad de la prensa como parte de las supuestas presiones, destacando que el escrutinio mediático es esencial para mantener la transparencia en un sistema democrático.

El fiscal Franco Picardi apeló el fallo, cuestionando la decisión de cerrar la causa y argumentando que aún quedan medidas pendientes. Aunque la apelación analiza la situación en su conjunto, se centra especialmente en el caso de Rodríguez Simón, actualmente prófugo de la Justicia, y en la situación de la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El dictamen del fiscal indica que todavía hay aspectos por esclarecer y que no se puede aceptar el cierre de la causa de manera prematura.

La revisión de la causa ahora recae en la Cámara Federal porteña, que deberá evaluar la apelación y determinar si el sobreseimiento es procedente. Este desenlace marca un punto crítico en una investigación que ha sido seguida de cerca en el ámbito político y judicial argentino, generando debates sobre la independencia judicial y las posibles influencias gubernamentales en el sistema judicial del país.