El Comité para la prevención de la tortura de Chaco fue creado a través de la Ley Provincial 3264-B, “nuestro fin es prevenir y erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes”, indica en su página web.

Funciona en Colón 40, en la ciudad de Resistencia, una casa de familia que en algún momento alquiló un ex ministro del Superior Tribunal de Justicia, que tuvo 4 hijos, es decir es imposible que pueda albergar a 230 empleados, de los cuales 110 son de planta permanente y 120 son contratados. Y aunque supongamos que en la capital provincial trabajan 115 personas, esa cantidad no cabe en la vieja casona.

“Somos una entidad pública, autárquica y autónoma, abocada a la lucha por una sociedad sin tortura ni malos tratos. Nuestra finalidad es fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad, velando por el mejoramiento de sus condiciones de detención”, indica en su página web.

El presupuesto para el año 2024 es de $413.099.032

 El presupuesto del año en curso alcanza esta cifra, sin incluir el pago de 120 empleados contratados que se pagaría por otra jurisdicción del Estado chaqueño. Para 110 trabajadores de planta permanente, se destinarían 64.299.032 de pesos. En otro item, denominado «Servicios Técnicos y Profesionales», se destinarán 109.255.999 de pesos, suponemos que semejante suma está destinada a pagar honorarios de peritos, médicos y abogados.

Un estudio realizado por la organización internacional Unicef reveló que la situación económica y social en la Argentina es de tal gravedad que 1 millón de niños se van a dormir sin cenar.

Es entendible que un grupo minoritario de personas y profesionales tenga interés en los presos y no en los niños desnutridos o en las personas que no tienen acceso al agua potable, uno de los Derechos Humanos más importantes y vitales, al menos así lo entiende la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/64/292, cuando asume que el agua potable pura y el saneamiento, son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. 

Pero esos 413 millones de pesos que se gastarán este año 2024 en controlar y monitorear o atender denuncias que la Fiscalía de Derechos Humanos de la Justicia provincial, la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno y el Tribunal de Cuentas bien podrían hacerlo, es un despropósito.

Velar por las condiciones de los delincuentes antes de los niños desnutridos, de mínima, parece una hijaputez propia de la era kirchnerista que pregonó más derechos y más inclusión, al mismo tiempo que sobrefacturaban servicios y se enriquecían haciendo todo lo contrario a lo que predicaban.

Por otra parte, aunque este Comité tiene fundamentos en tratados internacionales es menester tener presente que la doble vara nos es solo de Argentina, porque estos mismos tratados y derechos que invoca la extrema izquierda en nuestro país, no se cumplen en Cuba, Nicaragua o Venezuela, donde existen las mayores violaciones a los Derechos Humanos de toda América. 

Esto valga como antecedente para que nuestro país de por finalizados estos tratados que ponen el carro delante del caballo, o a los delincuentes por delante de la gente honesta y trabajadora.

Esto no implica desconocer que las cárceles deben ser lugares de rehabilitación donde los reos tengan tratos humanos, pero otra cosa es ponerlos en situación de “premiados” por sus delitos, no solo percibiendo un sueldo sin trabajar, sino ocupando importantes sumas de dinero que el Estado bien podría destinar a alimentar a la población indigente, a la Salud o a la Educación.

Volviendo al origen del Comité de Prevención de la Tortura de Chaco, es imprescidible recordar que uno de sus creadores, Mario Bosch, usaba su propio automóvil o le prestaba otro abogado «fundador»  de este organismo, pagando de sus bolsillos la nafta para viajar al interior. 

Que la Justicia, el Tribunal de Cuentas, la Secretaría de Derechos Humanos y otros organimos competentes, se pongan el overol y hagan el monitero necesario para evitar gastos innecesarios del Estado provincial.