Caminar por los pasillos de los viejos ministerios porteños era toparse siempre con el mismo espectáculo decadente: montañas de expedientes cosidos con hilo, mesas de entradas atestadas y empleados sellando formularios inventados solo para justificar su existencia. Federico Sturzenegger llegó a Balcarce 50 para terminar con ese monumento a la ineficiencia criolla que frenó al país durante décadas. El Gobierno de Javier Milei superó en junio las 16.000 desregulaciones, una marca histórica que materializa la promesa de dinamitar el peso asfixiante del Estado sobre los hombros del sector productivo.
El propio ministro expuso la dimensión del hito desde sus redes sociales sin filtros ni eufemismos de ocasión. “Informe de desregulación de junio: ya superamos las 16.000! Si no fuera por estas trabas Argentina sería un país riquísimo, pero bueno, allá vamos. MAGA. VLLC!”, disparó el funcionario en su cuenta de X, dinamitando el relato de quienes pretendían eternizar el cepo normativo. El salto cuantitativo confirmó una curva ascendente demoledora para los cultores del papeleo infinito.
Las cifras oficiales no dejan margen a la libre interpretación de los profetas del fracaso estatista. El registro partió de 15.251 intervenciones en abril, trepó a 15.507 durante mayo y tocó un techo de 16.178 en el balance cerrado al sexto mes del año. El balance global computa 689 disposiciones desreguladoras que barrieron de raíz con 2.699 normativas arcaicas y modificaron exactamente 16.178 artículos diseñados exclusivamente para entorpecer el comercio.
El desarme de la telaraña regulatoria se ensañó prioritariamente con los sectores que generan riqueza genuina y divisas en Argentina. La Agroindustria encabezó el ránking con 111 normas pulverizadas, seguida inmediatamente por Finanzas y Mercado de Capitales con 109 cerrojos eliminados y Comercio Exterior con 101 trámites dados de baja. La Producción Nacional sumó 88 expedientes archivados, Transporte computó 85 y Bienestar Ciudadano alcanzó 59 intervenciones liberadoras.
La motosierra no discriminó rubros ni perdonó privilegios corporativos enquistados en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El barrido oficial incluyó Salud con 39 resoluciones dadas de baja, Cultura, Turismo y Deporte con 31, Energía con 28, Empleo y Regulación Laboral con 24 y el rubro Inmobiliario con 14 cerrojos dinamitados. Cada inciso suprimido representa un peaje administrativo menos que pagaba el laburante para alimentar a la casta.
El frente laboral experimentó un saneamiento largamente postergado que desarmó cotos de caza sindicales. Se unificó el engorroso registro de la construcción bajo la órbita de ARCA para liquidar duplicaciones absurdas y se derogó de cuajo el régimen de servicios eventuales. El trámite societario ante la Inspección General de Justicia sepultó definitivamente la entrega física de carpetas y adoptó un esquema ciento por ciento digital.
La estocada de gracia al dirigismo comercial desactivó los controles de precios que los burócratas utilizaban para extorsionar empresas en el microcentro porteño. Fueron derogadas 58 resoluciones que exigían autorizaciones previas a los comerciantes para operar libremente sus mercaderías. El plan oficial ratifica que la única salida viable para refundar la economía nacional pasa por retirar al leviatán público del camino de la iniciativa privada.
Lo que tenés que saber sobre la motosierra regulatoria
- Piso quebrado: Más de 16.000 trabas fueron liquidadas hacia el cierre de junio.
- Normas alcanzadas: Se registraron 689 decretos y medidas de desregulación que barrieron 2.699 disposiciones y modificaron 16.178 artículos.
- Sectores líderes: La Agroindustria lideró con 111 trámites eliminados, escoltada por Finanzas y Mercado de Capitales con 109 y Comercio Exterior con 101.
- Trámites modernizados: La IGJ digitalizó el esquema societario y ARCA absorbió el registro unificado del rubro constructor.
- Fin del control de precios: Cayeron 58 resoluciones de fiscalización previa en materia comercial.
