Se terminó el romanticismo de la cartelización de la obra pública financiada con emisión espuria y retornos oscuros en los pasillos de Balcarce 50. La administración de Javier Milei pisó el acelerador a fondo para transferir al sector privado el mantenimiento y la explotación de la infraestructura estratégica nacional. Quien transita a diario la traza del Área Metropolitana de Buenos Aires hacia el interior productivo conoce el calvario de pagar peajes inviables a cambio de pozos lunares.
El encargado de ponerle números y doctrina a esta demolición de privilegios corporativos fue el vocero presidencial, Adrián Ravier, en su habitual contacto periodístico. El funcionario remarcó que el objetivo central de estas medidas radica en exterminar de raíz el asfixiante costo logístico que le quitó competitividad al campo y a las fábricas durante medio siglo.
“Para hacer grande a la Argentina nuevamente, necesitamos todo lo que se viene haciendo: recuperar una moneda sana, recuperar mercados abiertos para poder colocar nuestra producción, desregular para terminar con tanta burocracia y, entre muchas cosas, necesitamos reducir el costo argentino”, disparó el portavoz sin eufemismos. La consigna libertaria expone una certeza cruda: sin inversión privada genuina, el país sigue condenado a la precariedad.
El diagnóstico oficial no concede tregua a la herencia colectivista que vació las cuentas públicas mientras desintegraba la conectividad interprovincial. Ravier fue tajante al describir el saldo de las administraciones previas: “En las últimas décadas hemos hecho un desastre con las rutas nacionales. Nos hemos quedado sin trenes, sin ferrocarriles”. Esa postal de abandono es la que la Casa Rosada busca archivar definitivamente mediante esquemas de riesgo empresarial.
El primer golpe sobre la mesa se consolidó con la adjudicación de 3.900 kilómetros correspondientes a la etapa 3 de la Red Federal de Concesiones. Con este último tramo, el Ejecutivo nacional completó la entrega bajo gestión privada de más de 9.000 kilómetros de caminos productivos. Ya no habrá partidas presupuestarias del Tesoro Nacional para tapar cráteres ni desvíos discrecionales hacia cajas políticas.
“La Red Federal de Concesiones es un sistema mediante el cual se concesiona al sector privado más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Esto quiere decir que la operación, el mantenimiento y la administración de estas rutas estarán a cargo de privados, a los que se les concede el peaje. El objetivo es rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad a través de inversión 100% privada”, detalló el vocero libertario. La lógica es incuestionable: quien usa y arriesga capital, gestiona.
La malla vial involucra a 16 tramos estratégicos por los que circula nada menos que el 80 por ciento del tránsito vehicular del territorio. La tercera fase comprende ocho sectores que atraviesan 11 provincias, completando el paquete integral con un compromiso de capital que trepa a USD 13.970 millones. Para el mes de septiembre, la totalidad de esa extensa geografía estará cubierta de maquinaria pesada trabajando a riesgo del adjudicatario.
La segunda pata de esta ofensiva estructural apuntó de lleno contra el feudo ferroviario estatal, cueva histórica de déficits millonarios y prebendas sindicales. El Poder Ejecutivo abrió formalmente la licitación pública nacional e internacional para transferir por 50 años la concesión de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. El esquema desmantela el monopolio operativo para instalar un modelo de libre acceso donde compitan operadores privados.
Se trata de un entramado gigantesco que abarca 7.594 kilómetros de vías operativas y 15.305 kilómetros de vías totales, extendiéndose por 16 provincias. Este tendido clave articula conexiones transfronterizas vitales con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Los futuros consorcios deberán hacerse cargo íntegro del mantenimiento de los rieles y de las inyecciones de capital requeridas.
El vocero graficó el volantazo ideológico frente a la parálisis ferroviaria que legó el populismo: “Nosotros buscamos cambiar ese modelo. El objetivo es recuperar una red ferroviaria que hoy está deteriorada, pero que puede convertirse en un motor de crecimiento, reducir los costos logísticos y hacer más competitivas nuestras exportaciones. Esta convocatoria es un hito histórico y es el primer paso para recuperar una red ferroviaria de cargas a la altura de la Argentina que viene”. El tren volverá a mover granos y manufacturas solo si genera rentabilidad operativa sin drenar las arcas del Estado.
El broche de oro del paquete de despegue económico lo corona el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la colosal obra de evacuación energética que marcha a ritmo sostenido. “Hoy ya lleva un 80% de grado de avance. La inversión total supera los 2.900 millones de dólares y, una vez en marcha, permitirá generar exportaciones de petróleo por más de 15.000 millones de dólares anuales”, ratificó el vocero libertario. El mercado energético demuestra cómo el capital responde cuando se quitan las garras confiscatorias de la burocracia.
La traza cuenta con una extensión superior a 450 kilómetros, uniendo la cuenca de Neuquén con las costas de Río Negro. El 20 por ciento pendiente de ejecución corresponde a la terminal marítima de aguas profundas, programada para quedar terminada a fin de año. Una vez inaugurada la válvula principal, la terminal despachará más de 500.000 barriles diarios de crudo hacia el mercado internacional.
Lo que tenés que saber sobre la privatización vial, ferroviaria y energética
- Rutas privatizadas: Son más de 9.000 kilómetros concesionados en 16 tramos estratégicos (80% del tránsito). Inversión 100% privada comprometida de USD 13.970 millones; en septiembre estarán todos en obra.
- Ferrocarriles de carga a licitación: Concesión a 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza bajo régimen de acceso abierto, cubriendo 7.594 km operativos en 16 provincias y conectando con cinco países limítrofes.
- Vaca Muerta Oil Sur (VMOS): Oleoducto de 450 km entre Neuquén y Río Negro con 80% de avance y USD 2.900 millones de inversión. Aportará exportaciones por más de USD 15.000 millones anuales con 500.000 barriles diarios.
