El bloque de Unión por la Patria volvió a quedar atrapado en una contradicción que ya ni siquiera intenta disimular. Mientras construyó durante años un discurso basado en los derechos humanos y la condena a los gobiernos militares, este miércoles terminó votando contra la eliminación de leyes firmadas por las dictaduras de Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Onganía. La escena ocurrió en la Cámara de Diputados, durante el tratamiento de la denominada “Ley Hojarasca”, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger dentro del programa de desregulación del gobierno de Javier Milei.
El dato cayó como una bomba en los pasillos del Congreso. No porque alguien esperara coherencia del kirchnerismo, sino porque la votación dejó expuesto algo más profundo: la resistencia sistemática del aparato político tradicional a cualquier intento de desarmar estructuras burocráticas construidas durante décadas.
La iniciativa libertaria apunta a barrer normas obsoletas, regulaciones inútiles y leyes que perdieron sentido hace años. Muchas de ellas siguen vigentes únicamente porque ningún gobierno quiso meterse con el pantano administrativo argentino. Milei decidió hacerlo. Y ahí apareció otra vez el reflejo corporativo de una parte de la política que vive cómoda en el desorden normativo.
En los despachos del oficialismo todavía se reían anoche de la paradoja. Diputados kirchneristas levantando la mano para conservar leyes nacidas en gobiernos militares. Un delirio incluso para la lógica volátil de la política argentina.
La “Ley Hojarasca” no tiene épica revolucionaria ni slogans grandilocuentes. Es, básicamente, una limpieza del Estado. Una motosierra jurídica sobre cientos de normas que ya no tienen aplicación práctica o quedaron superadas por legislación moderna.
Pero el kirchnerismo eligió plantarse igual.
Y ahí es donde aparece el problema político de fondo. El peronismo kirchnerista necesita que el Estado siga siendo un laberinto. Porque cuanto más confusa es la estructura normativa, más espacios existen para cajas, intermediarios, privilegios y burocracia militante.
Entre las leyes que el oficialismo busca derogar figura la Ley 17.557, sancionada en 1967 durante la presidencia de facto de Onganía, vinculada a equipos de rayos X. Una norma que ya fue reemplazada por la Ley 26.906 y que hoy no tiene prácticamente ninguna utilidad real.
También aparece la Ley 21.778, firmada en 1977 bajo el mando de Videla, que autorizaba contratos petroleros de empresas estatales. Otro instrumento enterrado por marcos regulatorios posteriores.
La lista sigue.
La Ley 22.109, dictada en 1979, establecía el aislamiento obligatorio de personas con viruela. Una regulación completamente superada por la Ley 27.491.
En otro tramo del proyecto aparece la vieja Ley 18.569, del año 1970, que imponía sistemas de microfilmación documental en el ámbito militar. Microfilmación. En 2026. Argentina tiene satélites, inteligencia artificial y billeteras virtuales, pero una parte de la política pelea para sostener mecanismos administrativos de hace más de medio siglo.
Así funciona el modelo mental del estatismo argentino.
En la Rosada interpretan la votación como otra señal de que el kirchnerismo quedó encerrado en una lógica defensiva. Ya no discute ideas nuevas. Apenas intenta frenar cualquier modificación que altere el ecosistema construido durante años alrededor del Estado.
La discusión excede las leyes militares.
Dentro del paquete también aparece la derogación de la Ley 18.312, impulsada durante el gobierno de facto de Onganía, que creó el “Fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa”.
El Gobierno sostiene que esa normativa fue utilizada históricamente para intervenir mercados y condicionar indirectamente la libertad de expresión.
Y hay más ejemplos que rozan lo absurdo.
La Ley 21.895, de 1978, autorizaba emisiones de televisión en color. Sí, televisión en color. Una ley nacida cuando Argentina todavía discutía cómo modernizar transmisiones analógicas hoy convive en el Boletín Oficial con regulaciones sobre inteligencia artificial y economía digital.
Ese es el corazón del debate que impulsa Milei: desmontar un Estado fósil.
En Balcarce 50 lo resumen sin eufemismos. “La Argentina está intoxicada de leyes inútiles”, repiten cerca de Sturzenegger.
Y no es solamente una discusión técnica.
Cada norma vieja implica trámites, oficinas, empleados, regulaciones cruzadas y costos ocultos que terminan asfixiando al privado. El sistema político tradicional se acostumbró tanto a convivir con esa maquinaria que ya ni siquiera percibe el nivel de irracionalidad acumulada.
La escena del miércoles también dejó otra lectura que en el oficialismo no pasó desapercibida.
Durante años, el kirchnerismo construyó identidad política alrededor de la memoria sobre la dictadura militar. Sin embargo, cuando apareció la posibilidad concreta de eliminar legislación nacida en esos gobiernos, decidió votar en contra.
No hubo demasiadas explicaciones convincentes.
En privado, varios diputados opositores admitían que el rechazo fue puramente político: no darle una victoria parlamentaria a Milei.
Ese razonamiento explica bastante del momento actual.
La oposición no discute el contenido. Discute quién firma el proyecto.
Mientras tanto, el oficialismo avanza. Más lento de lo que quisiera Milei, pero avanza.
La “Ley Hojarasca” es apenas una pieza dentro de un programa mucho más amplio de desregulación que incluye apertura económica, simplificación tributaria y reducción del peso estatal sobre empresas y ciudadanos.
Por eso la pelea es tan intensa.
Porque detrás de cada ley derogada hay un pedazo del viejo sistema que empieza a desarmarse.
Y porque buena parte de la dirigencia política sabe que, si el experimento libertario funciona, el negocio histórico de administrar escasez y burocracia puede entrar definitivamente en crisis.
