Durante tres décadas, la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convivió con una contradicción difícil de explicar. Mientras la política repetía que la Capital tenía un estatus especial desde la reforma constitucional de 1994, buena parte de los delitos comunes seguían siendo investigados y juzgados por la Justicia nacional. La autonomía existía en los papeles, pero nunca terminó de completarse en los tribunales.
Ahora, el Gobierno de Javier Milei decidió avanzar donde administraciones anteriores eligieron convivir con ese limbo institucional. El Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Justicia porteño firmaron dos acuerdos para transferir nuevas competencias penales a la Justicia local, un paso que apunta a ordenar un esquema que durante años multiplicó burocracia, conflictos de competencia y demoras.
Los convenios fueron rubricados por Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, aunque todavía deberán atravesar el filtro del Congreso Nacional y de la Legislatura de la Ciudad para entrar plenamente en vigencia. El cambio todavía no es operativo, pero sí representa una definición política clara sobre el rumbo que pretende imprimir la administración libertaria.
En la política argentina hay discusiones que parecen eternas. El traspaso de competencias judiciales a la Ciudad integra esa lista. Pasaron gobiernos radicales, kirchneristas, macristas y peronistas sin que la cuestión quedara definitivamente resuelta.
El argumento siempre fue parecido: la autonomía porteña estaba reconocida constitucionalmente, pero seguía dependiendo de estructuras nacionales para administrar buena parte de la justicia penal ordinaria.
Ese doble comando terminó generando un sistema costoso, lento y muchas veces contradictorio. Cuando un expediente debía cambiar de jurisdicción o aparecían conflictos de competencia, la consecuencia era casi siempre la misma: más tiempo para las víctimas y más burocracia para el Estado.
Con este nuevo acuerdo, el Ejecutivo busca que la Justicia porteña intervenga directamente en delitos que no son federales y que, por lógica institucional, deberían ser administrados por la propia Ciudad.
No se trata únicamente de un cambio administrativo. También supone una redefinición sobre quién debe hacerse cargo de la seguridad y de la respuesta judicial dentro del distrito más importante del país.
Entre los delitos que pasarán a la órbita local aparecen los vinculados al honor, como calumnias e injurias.
También se incorporan delitos contra la integridad sexual, entre ellos abuso sexual, abuso sexual seguido de muerte, corrupción de menores, promoción o facilitación agravada de la prostitución, explotación de la prostitución y rapto.
La transferencia además comprende delitos contra la libertad, como reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad, sustracción de menores y amenazas coactivas.
A eso se suman delitos relacionados con la seguridad del tránsito, incluyendo el entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes.
Uno de los aspectos más sensibles del acuerdo aparece en la Justicia Penal de Menores.
La Ciudad asumirá el juzgamiento exclusivo de adolescentes de entre 14 y 18 años, además de adoptar medidas de protección para menores de 14 años involucrados en hechos tipificados como delitos.
La decisión busca evitar una de las mayores distorsiones del sistema vigente: que un mismo expediente termine partido entre distintos fueros únicamente por la edad de los involucrados.
Cuando participen menores y mayores de edad en un mismo hecho, será la Justicia porteña la que concentre la investigación y el juzgamiento.
El objetivo es eliminar superposiciones, acelerar los tiempos procesales y evitar conflictos jurisdiccionales que durante años ralentizaron investigaciones complejas.
El convenio también incorpora competencias derivadas de leyes penales especiales.
Allí aparecen causas relacionadas con el Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y la protección de la fauna silvestre.
Durante la firma de los acuerdos, Gabino Tapia sostuvo que la Ciudad está recibiendo “las competencias judiciales que le corresponden” y recordó que, pese a haber transcurrido tres décadas desde la autonomía, muchas seguían bajo administración nacional.
El funcionario también afirmó “que el convenio permitirá consolidar políticas públicas para recuperar el orden y la seguridad mediante una justicia eficiente y cercana”.
La medida encuentra respaldo político en el Decreto 547/2026, mediante el cual el presidente Javier Milei delegó en el Ministerio de Justicia de la Nación la facultad para negociar y firmar estos acuerdos con la administración porteña.
Más allá del contenido técnico, el mensaje político resulta evidente.
Mientras durante años distintos gobiernos administraron la indefinición institucional, la gestión libertaria decidió avanzar sobre un reclamo histórico de la Ciudad. El desafío ya no será explicar por qué la autonomía seguía incompleta, sino demostrar que el nuevo esquema efectivamente logra una Justicia más rápida, más cercana y con menos burocracia.
Lo que tenés que saber sobre el traspaso judicial
- El Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Justicia porteño firmaron dos convenios de transferencia.
- La Ciudad asumirá nuevas competencias sobre delitos penales no federales.
- También pasará a tener competencia exclusiva en la Justicia Penal de Menores.
- Las causas con menores y mayores de edad ya no deberán dividirse entre jurisdicciones.
- El acuerdo incorpora delitos previstos en leyes penales especiales.
- Los convenios deberán ser aprobados por el Congreso Nacional y la Legislatura porteña antes de entrar en vigencia.
- El proceso fue habilitado por el Decreto 547/2026 firmado durante el gobierno de Javier Milei.
