El Gobierno consolidó una arquitectura de incentivos fiscales y cambiarios que barre con el cepo y la inestabilidad jurídica. A través del RIGI, el RIMI y el inminente Súper RIGI, el oficialismo sepulta el sesgo antiexportador para abrir la cancha al capital privado. La estrategia libertaria configura un shock de previsibilidad a 30 años que deja en evidencia el aislamiento de los feudos provinciales opositores.
La administración de Javier Milei aceleró el desmantelamiento del corsé regulatorio que asfixió la actividad productiva argentina durante el último medio siglo. En menos de dos años, el Poder Ejecutivo articuló tres regímenes de promoción complementarios diseñados para reconfigurar el mapa corporativo nacional. El oficialismo estructuró un esquema de incentivos escalonados que abarca desde la pyme de barrio hasta los pulpos tecnológicos globales.
Este entramado defensivo del capital privado quiebra la inercia de las retenciones, los controles de cambios y el manoseo normativo que caracterizaron al ciclo populista. Mientras la región captaba divisas en energía e infraestructura, el país se consumía en la volatilidad de las reglas de juego. La nueva matriz legal busca devolverle a la Argentina la condición de plaza confiable para los contratos a largo plazo.
El pilar fundacional de la estrategia promercado fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sancionado en la Ley Bases en julio de 2024. El dispositivo apunta a desembolsos mínimos de USD 200 millones en sectores sensibles como minería, tecnología, siderurgia y energía. El corazón del sistema radica en blindar la estabilidad tributaria y cambiaria por las próximas tres décadas.
Para sumarse a este esquema, las corporaciones deben constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU) y ejecutar el 40% del capital en los primeros dos años. Además, la normativa exige volcar al menos el 20% de la inversión total en proveedores locales. La Autoridad de Aplicación dispone de 90 días hábiles para dar luz verde a los planes de negocios.
En la trinchera impositiva, los beneficios para los VPU son tajantes: la alícuota de Ganancias se clava en el 25%, diez puntos abajo del régimen general. Permite también la amortización acelerada y el uso de Certificados de Crédito Fiscal de IVA para evitar el costo del capital inmovilizado. Los inversores disponen de la deducción de quebrantos sin vencimiento para amortiguar los períodos prolongados de construcción.
El frente aduanero borra de un plumazo los derechos de importación para bienes de capital y exime de retenciones a las ventas externas desde el tercer año. En el plano cambiario, el acceso a las divisas es progresivo hasta alcanzar la libre disponibilidad total en el cuarto año de operación. Los aportes iniciales de capital quedan exceptuados de la obligación de liquidarse en el mercado de cambios doméstico.
Para complementar la base de la pirámide, el oficialismo activó en mayo de 2026 el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Ideado en la Ley de Modernización Laboral, este tramo asiste a las micro, pequeñas y medianas empresas de cualquier actividad económica. Las pymes pueden adherir con su estructura jurídica existente a partir de un piso de USD 150.000.
La apuesta más agresiva ingresó al Congreso este año con el proyecto del Súper RIGI, que obtuvo dictamen de comisión en Diputados el 17 de junio. Este instrumento apunta a proyectos piloto o experimentales con un piso de USD 1.000 millones en infraestructura digital estratégica. El plan rebaja Ganancias al 15% y elimina retenciones desde el primer día de exportación.
El despliegue territorial expone la división entre las jurisdicciones que abrazan el crecimiento y los feudos que eligen el estancamiento ideológico. Hasta el momento, 19 provincias firmaron su adhesión explícita al RIGI para traccionar las inversiones a sus distritos. El bloque oficialista ya cuenta con 41 proyectos presentados por un total de USD 140.929 millones.
De esa nómina, 16 iniciativas ya consiguieron la aprobación formal del Gobierno, prometiendo generar más de 54.000 empleos directos. El mapa de la reactivación se concentra en Río Negro con el gas licuado de Vaca Muerta, y el bloque minero de San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy. Buenos Aires y Mendoza capturaron proyectos metalúrgicos y de energías renovables, mientras Santa Fe agiliza sus terminales portuarias.
El caso de La Pampa funciona como un llamado de atención para la vieja política que todavía se atrinchera en el rechazo militante. Aunque la provincia no adhirió, la ampliación del Gasoducto Perito Moreno avanzó por su carácter interjurisdiccional estratégico para el transporte de hidrocarburos. La gobernación pampeana sacrificó competitividad por dogmatismo y convirtió a su territorio en una simple zona de tránsito.
Lo que tenés que saber sobre el tridente de inversiones
- Escala de incentivos: El Gobierno articula el RIGI, el RIMI y el Súper RIGI para cubrir desde pymes hasta multinacionales.
- Monto total: Las iniciativas presentadas bajo el régimen de grandes inversiones escalan hasta los USD 140.929 millones.
- Garantía jurídica: Las empresas que ingresan al RIGI obtienen estabilidad fiscal y aduanera por el término de 30 años.
- Exigencia provincial: Para que los distritos gocen del impacto pleno del Súper RIGI deben topar Ingresos Brutos al 0,50%.
