El paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo tendría un impacto económico millonario. De acuerdo con estimaciones oficiales del Ministerio de Economía, la pérdida rondaría los USD 575 millones, siempre que el acatamiento se ubique entre el 30% y el 50% del total de la actividad, con fuertes diferencias según el sector.
Desde el Palacio de Hacienda aclararon que se trata de una proyección técnica y que el resultado final dependerá de múltiples variables, especialmente del grado de adhesión sindical y de la operatividad de los servicios esenciales. Aun así, el Gobierno sostiene que el daño sería menor al de otros paros generales con participación más alta.
Uno de los factores clave para medir el impacto económico es el funcionamiento del transporte público. En ese punto, la postura de la Unión Tranviarios Automotor resulta determinante.
Experiencias recientes muestran que cuando los colectivos funcionan con normalidad, la caída de la actividad es sensiblemente menor. Por el contrario, si el transporte se paraliza, el costo económico se dispara y afecta de lleno a la producción, el comercio y los servicios.
Según el Instituto de Economía de la UADE, un paro con fuerte adhesión puede ubicarse entre USD 500 y USD 600 millones. El 9 de mayo de 2024, por ejemplo, la pérdida estimada fue de USD 544 millones, equivalente al 24,3% del PBI diario.
En abril de 2025, con colectivos operando, el impacto fue mucho menor: USD 194 millones (alrededor del 6,4% del producto del día). Los mismos modelos indicaron que sin transporte esa cifra habría escalado a USD 539 millones.
Para la medida anunciada para este jueves, distintos gremios del transporte anticiparon su adhesión, lo que ubica la proyección en el rango más alto. Cada paro no solo tiene un costo económico: también implica un costo en libertad, al limitar el derecho a trabajar.
La CGT justificó la protesta en el cierre de la planta de FATE y en el rechazo a la reforma laboral que se discute en el Congreso. Desde la central sindical afirman que los cambios “ponen en riesgo derechos adquiridos”.
Desde el Ministerio de Capital Humano recordaron que en algunos sectores rige la conciliación obligatoria, lo que podría limitar la adhesión bajo riesgo de sanciones. Las estimaciones oficiales contemplan una participación dispar: comercio, industria manufacturera, logística y servicios financieros figuran entre los más afectados si se restringe la movilidad.
Supermercados, shoppings, bancos y aerolíneas anticiparon alteraciones en su operatoria, aunque no se esperan cierres totales en todos los casos. La magnitud final dependerá de la combinación entre adhesión sindical y funcionamiento de servicios esenciales.
