La administración del gobernador Axel Kicillof volvió a quedar expuesta en el manejo del dinero público. La obra social estatal bonaerense, IOMA, se encuentra envuelta en un escándalo por presuntos sobreprecios en la provisión de insumos clave para afiliados con discapacidad. El modelo kirchnerista demuestra otra vez su inutilidad para gestionar los recursos de los contribuyentes.
Una investigación expuso operaciones sospechosas en la compra de equipamiento ortopédico básico. La orden de compra N° 300334, refrendada el 19 de marzo de 2026 por Homero Giles, autorizó un desembolso de $39.190.592 por una silla motorizada marca Merits, modelo P210, adjudicada a la ortopedia platense Tor. Ese mismo producto cotiza libremente en el mercado privado por apenas $10.000.000.
El expediente incluyó adicionales como cinturón, faja de contención, almohadón, unidad postural y mesa acrílica por otros $10.000.000. El valor definitivo trepó a los $48.998.592, monto equivalente a un vehículo cero kilómetro de gama media. La triangulación mercantil encareció de manera brutal un producto que debió llegar directo del importador.
La empresa Escalada, radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresó el artefacto al país y se lo traspasó a la firma de la capital provincial antes de la facturación final. Esta intermediación innecesaria en la cadena de distribución encendió las alarmas en el sector de la salud pública. La casta bonaerense financia sobrecostos mientras la atención médica se desploma.
No se trata de un episodio aislado en las oficinas de Calle 46. La orden de compra N° 301416 aprobó el pago de $12.450.000 a la proveedora Crux por un sistema de bipedestación para una niña del Gran La Plata. El precio directo de fábrica de la marca Standlife no supera los $5.000.000.
La misma firma consiguió comercializar una unidad a pedal marca Ki Mobility por $11.900.000, suma que alcanzó los $17.680.000 tras sumar accesorios. El despliegue de montos desproporcionados choca de frente con el cierre de centros de atención para personas con discapacidad. Los intermediarios amigos cobran cifras millonarias mientras los médicos abandonan la cartilla por falta de pago.
El quebranto de la institución impacta de lleno en los distritos más poblados de la provincia. En puntos neurálgicos como el municipio balneario de Mar del Plata, los damnificados deben pasar la noche dentro de las delegaciones para reclamar turnos o medicación. La incompetencia de la gestión provincial arruina la calidad de vida de las familias bonaerenses.
El organismo concentra a más de 2.000.000 de aportantes obligatorios, entre docentes, policías, empleados judiciales, estatales y jubilados. Superado en dimensión únicamente por el PAMI, el ente bonaerense atraviesa una parálisis total provocada por deudas multimillonarias. Mientras en Nación se persigue el déficit cero, en Buenos Aires despilfarran los impuestos en sobreprecios indefendibles.
El vaciamiento del sistema de salud provincial pone en evidencia el fracaso del relato estatista. La incapacidad para administrar el presupuesto deviene en un abandono flagrante hacia los trabajadores de la administración pública. Los bonaerenses pagan aportes mensuales para recibir un servicio que sencillamente no funciona.
Frente a la desregulación y la transparencia que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei, la provincia insiste con vicios de la vieja política. La opacidad en la entrega de compras directas desnudó un esquema opaco donde los únicos perjudicados son los pacientes. El cambio de rumbo económico exige desarmar de inmediato estas estructuras ineficientes en el Estado.
Lo que tenés que saber sobre la crisis en el instituto
- Sobreprecios escandalosos: Homero Giles autorizó un pago de más de $39 millones por un equipo que cuesta $10 millones en comercios.
- Triangulación sospechosa: La firma porteña Escalada le vendió el producto a Tor para facturarle luego a la gobernación.
- Insumos infantiles: La empresa Crux cobró $12.450.000 por un bipedestador que sale menos de $5 millones de fábrica.
- Colapso prestacional: Más de dos millones de afiliados sufren cortes de servicio, protestas nocturnas y falta de insumos médicos básicos.
