A horas de la transición en Puan, la localidad se vio sacudida por un escándalo protagonizado por el intendente saliente, Facundo Castelli. En medio de imposibilidades para pagar sueldos y deudas millonarias, Castelli se tomó licencia. La nueva gestión y el sindicato de trabajadores municipales lo acusan de desviar $83 millones, mientras enfrenta una difícil situación económica.

En un comunicado en Facebook, Castelli pidió perdón y atribuyó su licencia a problemas de salud, mencionando un tratamiento ambulatorio. Negó las acusaciones de desvío de fondos y afirmó que se devolvieron $83 millones a una cuenta del Frente Vecinal, su agrupación. La nueva administración, liderada por Diego Reyes, denuncia un manejo irregular de fondos.

Castelli explicó que desde agosto enfrentan un déficit mensual de $100 millones, absorbido inicialmente por el aporte del Frente Vecinal y luego por ATP de la provincia. Reyes describió una situación económica crítica con deudas de $1200 millones, incluyendo sueldos, aguinaldos y deudas con proveedores esenciales.

En su mensaje, Castelli agradeció a colaboradores y vecinos, afirmó su honestidad en 12 años de gestión y se puso a disposición de la justicia. Reyes denunció maniobras financieras irregulares, marcando un tenso inicio para la nueva administración en Puan.