El Gobierno argentino está desarrollando un proyecto con la intención de regular la situación laboral de los trabajadores de aplicaciones de entrega y plataformas digitales, con el objetivo de "ampliar un marco de derechos".

Actualmente, en Argentina, aproximadamente 160,000 trabajadores laboran de manera informal en este sector. Sin embargo, los diputados libertarios han rechazado la iniciativa y buscan impedir su aprobación.

Carolina Moragues, diputada de La Libertad Avanza, expresó que "los trabajadores no necesitan más regulaciones", y agregó que la necesidad radica en que el Estado no aplique regulaciones que limiten el crecimiento y la carga fiscal.

Nahuel Sotelo, otro diputado de la misma bancada, afirmó que estarán "del lado de los trabajadores" y aseguró que impedirán la aprobación del proyecto.

Guillermo Castello, legislador bonaerense libertario, también cuestionó la iniciativa y afirmó que el Gobierno está "mintiendo" al promover regulaciones que, según él, perjudicarán a los trabajadores y favorecerán a los sindicatos.

El proyecto oficialista propone la creación de un registro para los repartidores y sus vehículos, que deberán inscribirse anualmente para obtener la habilitación del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

La normativa busca incluir a los trabajadores de aplicaciones móviles como Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats o Cabify. El Gobierno espera que el proyecto llegue al Congreso nacional una vez aprobado a nivel provincial, pero tanto los libertarios como Juntos por el Cambio han manifestado su rechazo alegando que la regulación podría afectar negativamente a miles de trabajadores.