El fiscal Diego Luciani pidió este lunes una pena de 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para el ejercicios de cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el juicio por corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

"Señores jueces, es corrupción o justicia. De ustedes depende", dijo el fiscal antes de comenzar a detallar el pedido de condenas para la vicepresidenta y los demás acusados de la causa.

"El estado es la víctima de estos delitos. La ciudadanía entera fue la víctima de los abusos del poder. La sociedad indefensa mira hoy a los fiscales y jueces como la última esperanza frente a estos atropellos. El fiscal es garante del estado de derecho", dijo.

El fiscal dijo no pudo encontrar "un sólo atenuante" de la pena solicitada para Cristina Kirchner, a quien consideró "jefa" de la asociación ilícita por las obras cedidas al empresario Lázaro Báez durante su Gobierno.

"Una cosa es la decisión política de qué fondos y cuánto invertir y otra cosa es que se descascaren los fondos del Estado para beneficiar a un empresario", afirmó.

La defensa en marcha

Cristina Kirchner pidió hablar en el juicio por la obra pública de Santa Cruz. Dio a conocer su decisión a través de un hilo de Twitter en el que ella misma explicó que solicitó ampliar su declaración indagatoria porque ante el hecho de que los testigos demolieron la acusación durante el juicio, los fiscales recurrieron en su alegato a cuestiones nunca planteadas en las audiencias, incluyendo elementos traídos de otras causas. 

El tribunal rechazó el pedido de Beraldi y fue a un cuarto intermedio hasta el 5 de septiembre: Cristina Kirchner no podrá ampliar su indagatoria

Por ejemplo, Sergio Mola, mencionó este lunes el juicio contra José López, el exsecretario que tiró los bolsos con nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez. El fiscal dio por cierto que López argumentó que “el dinero es de la política” y sugirió que se lo dio un secretario de CFK, Fabián Gutierrez.

Las supuestas pruebas que se metieron por la ventana

Pero lo más grotesco es que nada de eso se debatió en el juicio de Vialidad. Los jueces admitieron que se introdujeran pruebas de otros expedientes en la última audiencia, es decir que en lugar de evaluarse en el juicio, esas supuestas evidencias se metieron por la ventana. Lo mismo hicieron los fiscales con Hotesur-Los Sauces; la ruta del dinero y fotocopias de los cuadernos.

La particularidad es que ninguna de esas “pruebas” fueron debatidas en los juicios respectivos: esos tres expedientes no llegaron a audiencias todavía. 

Por ejemplo, los fiscales metieron la cuestión del testamento de Lázaro Báez, que proviene de La ruta del dinero, y sacaron una conclusión que no convalidó ni remotamente el juez de esa causa, Sebastián Casanello. El testamento tiene como únicos beneficiarios a los hijos del constructor, pero éste puso una cláusula de que no se pueden dividir ni la empresa ni los bienes a lo largo de 30 años. Eso no significa que Austral y las demás propiedades no fueran de él, sino que busca evitar que los hijos se peleen y, por lo tanto, los obliga a seguir juntos, al menos por el interés económico. Si Báez fuera testaferro, hubiera existido la introducción como beneficiaria de alguna sociedad de un paraíso fiscal o algo relacionado con la familia Kirchner. Lo cierto es que ni a Cristina ni a Néstor ni Máximo ni a Florencia se les encontraron sociedades o cuentas escondidas ni propiedades ni dinero no declarado. 

La realidad, es que tampoco el testamento  fue una prueba que se hubiera discutido en el juicio de Vialidad. Luciani y Mola recibieron tal paliza en las audiencias que, desesperados, recurrieron a otros expedientes de los que nunca se habló en los tres años de juicio. 

El gobierno y el peronismo con ella

El presidente Alberto Fernández transmitió este lunes su "más profundo afecto y solidaridad" hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el pedido del fiscal Diego Luciani para que la exmandataria sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, a la vez que difundió desde sus redes sociales un comunicado oficial del Gobierno en el que se repudia "la persecución judicial" en su contra.

El pronunciamiento del jefe del Estado tuvo difusión pública apenas el fiscal Luciani terminó de pedir las condenas en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

"Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas", escribió Fernández en su cuenta de Twitter, y agregó: "Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".

En su posteo, adjuntó un comunicado oficial del Ejecutivo en donde resalta que "el Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad".