Los movimientos en el Congreso en un lunes atípico encendieron alertas políticas. La llegada de diputados de La Libertad Avanza al Palacio Legislativo pasado el mediodía tuvo un objetivo claro: alinearse con la agenda de la Casa Rosada, en una reunión convocada por Karina Milei.
La Secretaria General de la Presidencia ingresó cerca de las 14:30 y se dirigió al despacho del bloque oficialista. Luego mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en un contexto de tensión creciente por la fragilidad del oficialismo en ese recinto.
Mientras el Gobierno prioriza el Senado para avanzar con proyectos complejos, en Diputados enfrenta un escenario más incierto. La oposición articula estrategias para construir mayorías que condicionen al oficialismo.
El temario de La Libertad Avanza en Diputados es más acotado, pero no menor. Entre los proyectos pendientes se destacan:
A diferencia del Senado, donde el oficialismo considera tener mayor margen, en Diputados el riesgo político es más alto. Los bloques opositores mantienen contactos permanentes para consolidar una masa crítica que les permita imponer su propia agenda.
La presencia de Karina Milei en el Congreso también se interpreta como un intento de ordenar la estrategia legislativa en un momento delicado para el Gobierno.
El trasfondo político está marcado por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que volvió al centro de la escena tras nuevas revelaciones.
Se conoció que el funcionario habría pagado USD 245.000 por refacciones en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá. Según declaró el contratista Matías Tabar, se trató de una “lavada de cara” sin modificaciones estructurales y aseguró que el pago fue realizado “personalmente en efectivo”.
Las obras se habrían ejecutado entre octubre de 2024 y julio de 2025, y el empresario aportó documentación y conversaciones con el funcionario ante la Justicia.
Este escenario reavivó el debate político. Horas después de que Adorni negara irregularidades, sectores de la oposición avanzaron con pedidos formales.
El camino institucional no es simple. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, tiene 36 miembros, con paridad entre oficialismo y Unión por la Patria. También debe intervenir la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, encabezada por Giselle Castelnuovo.
Este entramado parlamentario será determinante para definir si la presión política se traduce en una instancia formal contra el jefe de Gabinete.
