Hay una pregunta que hoy recorre despachos judiciales, clubes y pasillos del fútbol argentino: ¿qué pasó realmente con la AFA y por qué el Estado la denunció penalmente? La respuesta no es simple, pero los datos oficiales permiten entender un caso que puede marcar un antes y un después en la relación entre el poder del fútbol y la ley.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue denunciada penalmente por la Dirección General Impositiva (DGI), organismo que depende de ARCA, por una presunta apropiación indebida de impuestos y aportes a la seguridad social. El monto del perjuicio fiscal informado es contundente: $7.593.903.512,23.
La denuncia apunta directamente a la conducción de la entidad y señala como principal responsable a Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, en su rol de administrador y agente de retención.
Según el escrito judicial, la AFA habría retenido impuestos y contribuciones previsionales —como IVA, Ganancias y aportes de la seguridad social— pero no los depositó en tiempo y forma, tal como exige la ley. Este comportamiento encuadra, según la DGI, en los delitos previstos en el Régimen Penal Tributario.
La denuncia fue impulsada por la DGI, conducida por Andrés Vázquez, y abarca el período comprendido entre agosto del año pasado y septiembre de 2025. El documento lleva la firma de Vanina Mariel Vidal, jefa interina del área penal de ARCA, y el patrocinio de los abogados Matías Alejo Gentile Brezigar y Felicitas Achábal.
De acuerdo a la información oficial, las retenciones impositivas que no fueron ingresadas en término suman $916.005.301,41, correspondientes a IVA y Ganancias. A eso se agregan $6.677.898.210,82 en aportes a la seguridad social que fueron depositados fuera del plazo legal.
En total, el Estado reclama penalmente más de $7.500 millones, superando ampliamente el mínimo que la ley exige para configurar una denuncia penal.
La denuncia aclara que la AFA no tiene antecedentes penales previos, pero identifica a Chiqui Tapia como responsable principal por ser quien administra la clave fiscal y toma las decisiones financieras de la entidad. Para ARCA, la conducta muestra conocimiento pleno de la obligación legal y capacidad económica para cumplirla.
El escrito también remarca un punto clave: los fondos retenidos no son dinero propio, sino recursos del Estado. Usarlos o demorarlos implica, según la acusación, un financiamiento indebido
La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si existió delito y quiénes son los responsables. Mientras tanto, el caso pone bajo la lupa a uno de los poderes más fuertes del país y abre un interrogante que sigue latente: ¿hasta dónde llega la impunidad en el fútbol argentino cuando entran en juego los impuestos?
