En una actividad pastoral de la Iglesia impulsada por el Papa Francisco, Mauricio Macri y Horacio Rosatti enviaron representantes para apoyar el llamado de atención sobre el avance del narcotráfico en los barrios populares. La reunión, convocada por Monseñor Oscar Ojea, tuvo lugar en la parroquia San José en San Justo.

El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, aliado de Macri, y Silvio Robles, asistente de Rosatti, participaron en el evento junto a más de 1500 personas de organizaciones sociales. También estuvieron presentes la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, y los jueces de la Casación Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. Esta actividad forma parte de la Pastoral Judicial, lanzada por el Padre Pedro durante la Semana de Mayo.

Impacto del evento en el contexto político actual

El evento se realizó en un momento crítico para el gobierno, que sufrió tres derrotas en el Congreso: la Bicameral de Inteligencia, la anulación del DNU de la SIDE en Diputados y la aprobación de la movilidad jubilatoria en el Senado. "La Iglesia, el Poder Judicial y las organizaciones sociales están advirtiendo al gobierno que donde se retira el Estado avanza el narco", destacaron fuentes del Poder Judicial.

La participación de Conte Grand y Robles envía un mensaje claro al gobierno. Macri, esta semana, instruyó a sus legisladores para rechazar el DNU de los fondos reservados y apoyar el aumento de las jubilaciones, aunque luego criticó este último. La discusión sobre el pliego de Ariel Lijo en el Senado también podría interpretarse como una advertencia para el máximo tribunal, especialmente después de la controversia sobre las postulaciones de Lijo y Manuel García-Mansilla.

Preocupaciones sobre la crisis social en las villas

"La agenda fue impulsada por los residentes de los barrios, quienes expresaron su preocupación por la falta de trabajo y alimentos, la criminalización de los niños y el narcotráfico, que actúa como proveedor de trabajo y servicios en los barrios marginales", comentó un organizador del evento.

Conte Grand destacó la necesidad de proteger a los más vulnerables: "Es esencial proteger a los niños y a los más necesitados, ya que este Ministerio Público tiene ese mandato desde 2016".

Graham también subrayó la falta de justicia en los barrios y su esfuerzo por asegurar la distribución de alimentos. "Tuve que ir a la Corte Suprema para que, después de siete meses, el Estado reparta alimentos", dijo.

Ledesma rechazó la idea de imponer prisión perpetua a menores, mientras que Slokar abogó por una justicia que priorice a los más débiles. "En una situación crítica, el mínimo ético-jurídico es atender a los más frágiles, como en un naufragio: mujeres y niños primero", afirmó.

Ojea pidió considerar "dinámicas de trabajo para sacar a los chicos de las drogas y adicciones, en un contexto de abandono estatal que favorece a los narcos". "Es crucial tener un Estado activo", concluyó el religioso, contrastando con la narrativa del gobierno.